MUY INTERESANTES PROPUESTAS DE PROVIVIENDA

 La Asociación Provivienda ofrece en su web valiosas propuestas a incorporar por las Administraciones Locales (comunidades y ayuntamientos) en sus políticas para afrontar los problemas de la vivienda.

Gema Gallardo, Directora General de Provivienda, participará junto a Beatriz Toribio (Masteos) y Felipe Iglesias (UAM), en la Mesa ¿Es posible resolver el problema de la vivienda?, que organizamos en La Casa Encendida el Grupo TRyS el próximo 9 de mayo de 2023 (18:30 h).

CONTROLAR LOS PRECIOS POR LEY: ¿CONFUNDIR LOS DESEOS CON LA REALIDAD?

 

Las deficiencias estructurales de conocimiento, que han acompañado a lo largo del tiempo a las erráticas políticas de vivienda, podrían explicar que todavía se quiera circunscribir el problema de la vivienda únicamente a los precios del alquiler y que se piense que regularlos por ley es la solución para que todos los hogares puedan disponer de una vivienda digna y adecuada.

Por poco conocimiento que se tenga del funcionamiento del sistema residencial es fácil imaginar las enormes dificultades de gestión de todo tipo que se encontrarían las administraciones para hacer operativas unas determinaciones difícilmente objetivables, en unos mercados mal conocidos, complejos y diversos física y socialmente y con una oferta muy atomizada y no profesional.  A ello hay que añadir, además, las muchas dudas que surgen sobre la eficacia de estas medidas para alcanzar los objetivos que se dice perseguir. 

El encarecimiento de los alquileres hace que, en algunas zonas, la vivienda sea inasequible para amplios segmentos sociales, lo que constituye un grave problema social que exige la intervención pública. El objeto de esta intervención sería corregir los desajustes del mercado con respecto a las capacidades de renta de los hogares, que pueden verse privados de facto del derecho a la vivienda, pero hay experiencias que demuestran que la limitación de rentas por ley no sólo no soluciona el problema, sino que, puede agravarlo y favorecer que se cronifique.

Desde mediados del siglo pasado se construyeron más de siete millones de viviendas protegidas en España, con ayudas públicas y con regulación de sus precios de venta y renta.  Pero, como se sabe, todas esas viviendas se vendieron, se descalificaron y pasaron al mercado libre. Si se hubiese ejercido un mejor control sobre el uso de esas viviendas y siguiesen siendo públicas o, al menos, “protegidas”, la situación sería muy diferente.

No ayudará llorar sobre la leche derramada, pero sí asumir la realidad: en las ciudades españolas no existen parques públicos de vivienda y se está pretendiendo obviar esa grave realidad, que es la principal causa del problema. No habrá solución hasta que una quinta parte del parque sean viviendas en alquiler a precios regulados y si se pretende llegar ahí por “atajos”, como la implementación inmediata de topes a los precios, es porque se confunden los deseos con la realidad o porque se buscan otros objetivos. Hace unos días, desde el propio Gobierno, se han invocado motivaciones “electoralistas" para que se aprueben con urgencia la ley de vivienda que daría respaldo a hipotéticas limitaciones. 

¿Hasta cuándo las políticas de lo urgente seguirán postergando lo importante?  Lo fundamental es optimizar el uso del parque residencial existente, adecuándolo a las necesidades de la sociedad, con una oferta suficiente de vivienda en alquiler regulado. Será una tarea ingente y a largo plazo, por esos debería iniciarse sin demoras.  

Harán falta muchos mas recursos y emprender actuaciones coordinadas en una gran diversidad de aspectos (desde el suelo a la eficiencia energética) ¿Serán capaces los agentes políticos, sociales y económicos… de alcanzar el consenso necesario sobre el diagnóstico y mantener el rumbo?  ¿Se superarán los sesgos ideológicos que señalan a los propietarios de las viviendas como la causa del problema, cuando en realidad son necesarios para la solución?

¿DE QUÉ PROBLEMA DE LA VIVIENDA HABLAMOS?

Las subidas de los precios de bienes de primera necesidad tienen per se una valoración social negativa porque dificulta, cuando no impide, la satisfacción de derechos básicos. 

Tal es el caso del encarecimiento de la vivienda, que obliga a los hogares a hacer un esfuerzo económico excesivo o incluso les impide disfrutar de una vivienda por carecer de la renta suficiente. La persistencia de esta situación hace que, para buena parte de la opinión pública, el problema de la vivienda se reduzca a su encarecimiento y que se llegue a la conclusión de que la solución está en la regulación normativa de los precios del alquiler. 

Con ese razonamiento excesivamente simplificador no se tiene en cuenta que el desajuste puede deberse también a un mercado de empleo precario y bajas remuneraciones. Pero, sobre todo, se ignora la complejidad de las formas en que los distintos tipos de hogares afrontan el mercado de la vivienda y las diferentes consecuencias que para cada uno puede acarrear la elevación de los precios.   

Hay un grupo de hogares a los que su nivel de renta no les permite pagar un alquiler y que tampoco encuentran respuesta en una inexistente oferta de viviendas sociales asequibles. Quizás no sea el grupo más numeroso, pero sí es el que padece el problema en términos de imposibilidad absoluta y el que, por tanto, ha de tener toda la atención de las políticas públicas. Está integrado por hogares en situación de exclusión, los jóvenes que querrían emanciparse y los hogares resultantes de separaciones o divorcios, entre otros.

Otro grupo diferente y más transversal es el de los hogares que, disponiendo ya de una vivienda alquilada, tienen que dedicar mas de una tercera parte de los ingresos a pagar el alquiler. El problema se agrava en la medida en que por ello disminuye su capacidad económica para satisfacer otras necesidades básicas. 

Un tercer grupo en posición radicalmente distinta es el de los hogares que compran la vivienda y tienen que hacer frente a los pagos de una hipoteca.  En este caso el problema se gradúa también en proporción al porcentaje de la renta que hay que dedicar al pago de la hipoteca. Aunque siga estando de fondo el esfuerzo económico para disponer de una vivienda, es muy diferente la valoración que estos hogares hacen de la evolución de los precios.  porque cuando se compra la vivienda para dar respuesta a las necesidades de alojamiento se está efectuando, también, una inversión y consolidando unos ahorros. En estos casos, por grande y dilatado que sea el esfuerzo económico, las subidas de precios de las viviendas son positivamente valoradas, pues contribuyen al aumento del valor del patrimonio familiar resultante de esa inversión. 

Este grupo, junto con el de los que ya tienen totalmente pagada su vivienda, suponen más de tres cuarta partes del total de los hogares y no es razonable pensar que esos propietarios puedan desear una contención de los precios, con efectos negativos sobre la revalorización de su inversión y su patrimonio. 

Insistiendo en la complejidad del mercado, hay que significar que los precios de venta y de alquiler están interrelacionados y que del encarecimiento salen beneficiados, además de los propietarios de viviendas, otros muchos agentes: los propietarios de suelo, los bancos, los promotores inmobiliarios, las haciendas locales, los notarios, los registradores, los API, y todos los que aumentan sus ingresos proporcionalmente al precio de la vivienda.

Por todo ello, las políticas activas para atajar el auténtico problema de la vivienda deberán centrarse en crear, fundamentalmente a partir del parque residencial existente, una oferta suficiente de viviendas reguladas, cedidas en alquiler y adecuadas a las necesidades y a las capacidades de renta de los hogares. Sólo por esa vía, aunque sea muy exigente y lenta, será posible avanzar para hacer efectivo el derecho a disponer de una vivienda. Centrarse en la limitación de los precios del alquiler en un mercado libre y de intereses contrapuestos, es confundir los deseos con la realidad. 

¿POR QUÉ LOS MEDIOS NO INFORMAN BIEN SOBRE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA?

Primero El Intermedio (23/02/2023) y uno días después El País (6/03/2023) informan de que en Portugal “han descubierto el remedio” para el problema de la vivienda.

Es un tópico que en políticas de vivienda “está ya todo inventado” y que “no existen soluciones mágicas”. A poco informadas que hubiesen estado las autoras de estos reportajes, habrían evitado anunciar a la sociedad española el “descubrimiento” en Portugal de una “nueva solución” a un problema tan grave como la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada.

El propósito de poner en uso las viviendas vacías es un objetivo necesario, muy loable y antiguo. Seguro que los técnicos portugueses saben que este tipo de políticas no son la panacea y que presentan serias dificultades y limitaciones para aplicarlas con éxito. Es más, probablemente lleven años aplicándolas y también conocen lo que al respecto se hace en España. Son políticas que forman parte de las denominadas “estrategias del palo” (recargas del IBI, expropiación temporal del uso de la vivienda…) y la “zanahoria” (apoyos en la gestión, financiación de la rehabilitación, seguridad, ventajas fiscales…), que, desde hace muchos años, se instrumentalizan en distintos ámbitos de nuestro país con modalidades diversas, como impone la complejidad jurídica y social del tema. 

Sin otra motivación que reclamar a los medios de comunicación mayor rigor cuando hablen de políticas de vivienda, recomiendo a estos “descubridores de mediterráneos”, que lamentablemente tanto abundan en estos tiempos de superficialidad y adanismo, que cuando traten el tema, profundicen en los muchos esfuerzos que ya se han hecho y se hacen para tratar de poner en uso las viviendas vacías y colaboren a difundirlos. Después, que alcen su voz para que los poderes públicos pongan aún más empeño en corregir el gran despilfarro social que representan las viviendas deshabitadas, para optimizar la utilización del parque residencial y contribuir con ello a paliar el problema de acceso a la vivienda.

VIVIENDA: LA SOLUCIÓN ESTÁ FUERA DEL MERCADO

 

El problema de la vivienda, en su expresión más grave, se concreta en el hecho de que hay ciudadanos que no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada porque los precios del mercado no se lo permiten, incumpliéndose un derecho fundamental amparado por la Constitución.

La vivienda es, por naturaleza, un bien costoso y su mercado tiene peculiaridades que favorecen tendencias alcistas de los precios, acentuadas por la especulación del suelo en las frecuentes fases de crecimiento urbano o económico. 

En el mercado, la vivienda simultanea su condición de “bien de uso” con la de “bien de cambio”. Inevitablemente, cuando se compra una vivienda, incluso si se trata de la residencia familiar, se están consolidando unos ahorros y haciendo una inversión. En torno al 90% de las familias españolas son propietarias de alguna vivienda por lo que es difícil imaginar un estado de opinión favorable a que bajen los precios. 

Sea por la escasez de oferta o por el efecto inflacionario de la vivienda,  entendida como “bien de cambio”, los desequilibrios entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de las familias son una constante que cronifica el problema. Además, las actuaciones públicas dirigidas a contrarrestar los efectos del mercado no han sido eficaces. Desde los años 60 se ha promovido en España muchos millones de viviendas “protegidas”, construidas con dinero público, pero, en una contradictoria política de “tejer y destejer”, se fueron vendiendo a los adjudicatarios y pasaron a engrosar el mercado libre, apropiándose los particulares de las plusvalías generadas.

Es necesario cambiar radicalmente el modelo de la política de vivienda, dedicar muchos más recursos públicos, especialmente los patrimonios públicos de suelo, y consensuar un marco normativo estable que dé seguridad jurídica y que propicie que en torno a un 20% del parque residencial, se ofrezca, al margen del mercado libre, en alquiler a precios asequibles y, a la vez, con rentabilidades que garanticen su viabilidad económica.

La solución no está en intentar actuar sobre el mercado con “parches” efectistas e ineficaces, pero no inocuos. ¿Pero, por qué se quiere ignorar todavía que sólo con medidas de control de precios, inaplicables en la práctica, se  reducirá la oferta y se hará aún más opaco y menos asequible el mercado? 

Los precios de la vivienda y la especulación del suelo

 

 

Entre las propuestas para combatir la natural carestía del mercado de la vivienda se defienden planteamientos muy diferentes. Desde el Sector Inmobiliario se suele argumentar que la rigidez y la lentitud de los procesos administrativos provocan escasez de oferta de suelo lo que eleva su precio, encareciendo así inevitablemente el de la vivienda. A pesar de que la historia ofrece ejemplos que niegan esa tesis, se reclama la eliminación de trabas para los nuevos desarrollos urbanísticos. 

Desde otros planteamientos se defiende que es el precio de la vivienda lo que determina el del suelo. El suelo se valora en función del precio de venta de lo que se puede construir sobre él. Se argumenta también que el mercado suele evolucionar por maniobras de especulación ajenas a las necesidades de vivienda. Se trata de un mercado poco transparente, propicio a situaciones de monopolio y de especulación, en las que los que necesitan una vivienda suelen verse urgidos por fases de rápido encarecimiento y mas que fijarse en “lo caro” que es lo que compran, actúan movidos por las expectativas de la revalorización de la inversión. 

En el marco de la Constitución, que defiende el derecho a la propiedad privada y el principio de la función social de la propiedad, que la subordina al interés general, los propietarios procurarán legítimamente obtener siempre el mejor precio para lo que venden o la máxima rentabilidad a su inversión, dentro de los márgenes que en cada ámbito y en cada momento propicie el mercado. 

La Constitución mandata a los poderes públicos para que regulen “… la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”, pero es un hecho que, tras casi medio siglo, no se han podido evitar los efectos de la “especulación” en los mercados de suelo y vivienda y ello ha contribuido a hacer inasequible el derecho a “…disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

En noviembre de 2022 el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 

Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 

¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 

¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?

Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad. 

SEAN BIENVENIDAS TODAS LAS INICIATIVAS QUE SE PROPONEN MEJORAR LA INFORMACIÓN Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA.

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han presentado recientemente el Atlas Global de Vivienda, como la primera “plataforma de vivienda” "que integrará todos los datos sobre housing que existen en España” y que “permitirá visualizar y cruzar datos de otros países a partir de las seis barreras al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible identificadas en el Foro Internacional Affordable Housing Activation: desajustes, políticas y regulaciones, financiación, diseño y desarrollo urbano, promoción y producción y propiedad y tenencia.”

LA VIVIENDA Y SU ENTORNO URBANO

Es obvio que una de las características más relevantes de una vivienda es su situación. La localización determina su precio a través de valores como la centralidad, la conectividad, la calidad urbanística, la composición socioeconómica del entorno o las expectativas de que se produzcan futuras plusvalías. Las coordenadas geográficas o la dirección postal no será referencias suficientes para situar las viviendas, sus puertas dan acceso al espacio urbano, a unos entornos en los que los residentes tienen que poder disfrutar de bienes, servicios y oportunidades que conformen el derecho a la ciudad, sin el cual no se podrá considerar plenamente satisfecho el derecho a la vivienda. 

Para valorar las viviendas en función de su utilidad social como alojamiento permanente, hay que partir del hecho de que se encuentran en áreas de mercado diferenciadas por la estructura económica y social del espacio urbano. La demanda y la oferta de viviendas, clasificadas por su adecuación y su asequibilidad, tienen que ser analizadas por ámbitos espaciales correctamente delimitados. Sin embargo es frecuente que en estadísticas oficiales, en planes de vivienda, o en informes “técnicos” de instituciones privadas, se manejen datos referidos a provincias, regiones o incluso al conjunto nacional. Tanto si se analiza información sobre precios, de necesidades de vivienda, de la oferta disponible o de cualquiera otra variable, si no está referida a ámbitos correctamente definidos y delimitados, los diagnósticos y las actuaciones serán cuando menos inútiles. Por ejemplo, los precios medios, si no están referidos a áreas de mercado, no sólo no sirven para conocer la realidad sino que la enmascaran. El mercado de la vivienda y en su caso los problemas de carestía, escasez, necesidades de regeneración…, son específicos de ámbitos territorialmente muy concretos, con frecuencia de carácter intramunicipal. 

La localización, además de incidir en las variaciones de precios, puede llegar a hacer que la vivienda no tenga utilidad como alojamiento permanente. Durante los últimos decenios el urbanismo expansivo ha dado lugar a espacios residenciales dispersos y mal conectados, sin animación urbana, en los que las bajas densidades impiden que puedan aflorar equipamientos de proximidad y transportes colectivos. Hay viviendas que, por su ubicación, presentan exigencias cotidianas de desplazamientos en vehículo privado, que implican unos gastos y una dedicación de tiempo que puede llegar a hacerlas económica y funcionalmente inhabitables.

También tiene efectos negativos la tradicional localización de las actuaciones públicas de vivienda sobre los suelos más baratos y de deficiente calidad urbanística. La concentración de este tipo de viviendas en ciertas zonas mal connotadas de la ciudad da lugar a la formación de ámbitos de exclusión y acentúa los desequilibrios territoriales. El mercado del suelo y el planeamiento son los principales responsables de la existencia de viviendas inadecuadas por su localización y de los fenómenos de segregación espacial.

SIN ALQUILER ASEQUIBLE NO HABRÁ SOLUCIÓN PARA LA VIVIENDA

La opinión general sobre como afrontar la necesidad de una vivienda se ha formado a partir de algunas ideas aparentemente incontrovertibles. Una de las más firmemente arraigadas es considerar que es imprescindible la compra de la vivienda, porque aunque suponga un excesivo esfuerzo financiero, además de dar seguridad, siempre será una buena inversión. No importa que se trate de un bien muy costoso y excesivamente caro, cuya compra exige un gran esfuerzo económico, nada adecuado para jóvenes con un empleo precario, e inabordable para las familias con economías más débiles. 

Consecuentemente, está igualmente extendida la idea de que “alquilar es tirar el dinero”, por lo que la opción del arrendamiento suele ser considerada como un mal menor o una solución transitoria. Sólo las crisis financieras y económicas de los últimos quince años, la precariedad e inestabilidad en los mercados de trabajo y la dinámica sociodemográfica han hecho crecer la demanda del alquiler, para alcanzar niveles que siguen estando por debajo de la media europea, muy especialmente por lo que se refiere a la oferta de viviendas a precios asequibles.

La denominada “cultura de propiedad de los españoles” no es genética, fue creada en los años cincuenta y después favorecida por las políticas de vivienda durante los últimos setenta años. Todos los recursos públicos se han dirigido a facilitar la compra de las viviendas, mientras que no ha habido apoyos para el alquiler y hoy apenas pasan de propuestas en proceso de implantación.

El sector inmobiliario y la industria de la construcción se fueron desarrollando hasta tener una gran presencia en el PIB, estableciéndose también la idea de que la construcción de viviendas, los paisajes cuajados de grúas, son la expresión inequívoca del “desarrollo” y la prosperidad. También el sector financiero y las finanzas públicas han encontrado un interés cada vez mayor en el crecimiento del mercado de compraventa de vivienda. 

No se pueden negar las ventajas individuales y sociales que comportan los altos porcentajes de hogares con vivienda en propiedad: por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la inmensa mayoría de los jubilados no tienen que comenzar por detraer una parte importante de su pensión para pagar el alquiler. Pero tampoco se puede obviar que, en torno a la obtención de plusvalías a través de la vivienda, se ha consolidado un mercado basado en la especulación, capaz de corromper el urbanismo y de encarecer injustificadamente la vivienda; y, sobre todo, se ha ido debilitando hasta casi su extinción el mercado de alquiler. 

Se ha creado así un escenario poco propicio para la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Lo sustancial, la condición necesaria para resolver el problema, será un considerable aumento de la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles, pero a la vez habrá que desmontar el poderoso entramado social y económico que se ha creado para que resulte prácticamente obligatoria la compra de la vivienda. Es ocioso confrontar las ventajas e inconvenientes de comprar (ahorro, inversión, rigidez en el lugar de residencia …) frente a las de alquilar (pagar por un servicio, mayor libertad de cambio, adaptabilidad …).

La clave es crear la suficiente oferta de viviendas en alquiler asequible para que todos los hogares puedan ejercer dignamente el derecho a la vivienda, según sus necesidades. En lograr ese objetivo lo antes posible deberían concentrarse las acciones públicas y privadas, teniendo en cuenta que serán necesarias actuaciones coordinadas y mixtas, con un importante incremento de los recursos y con vocación de mantenimiento a lo largo del tiempo.

LA PERSISTENCIA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

 En 2013 se publicó “El Festín de la vivienda” (*) y en la introducción se recordaba que más de siglo y medio antes Engels escribía: «El problema de la vivienda al que la prensa dedica hoy en día tanta atención […] no es privativo de la época presente […]».

En 2013 era evidente que “[…la explosión de la última burbuja inmobiliaria, entreverada con los efectos de una gran crisis financiera, había elevado … la intensidad dramática del papel de la vivienda, haciendo recaer sobre ella algunos de sus efectos más perversos en forma de desahucios. La representación del conflicto que se da en la calle llena de titulares los medios de comunicación, y las Administraciones se ven abocadas a producir decretos, planes de urgencia e incluso leyes antidesahucio”(*). 

En 2022 han cambiado algunos de los aspectos circunstanciales y, en vez de desahucios, se habla de “la urgencia de regular los precios del alquiler”, pero en lo esencial todo sigue igual. Ahora, como entonces, con los planteamientos políticos y las opiniones trasladadas a la sociedad desde los medios, se trata de discutir sobre posibles soluciones para los llamativos síntomas de una dolencia que a nadie interesa afrontar desde sus raíces

La sociedad española se caracteriza por una alta proporción de propietarios, para los que la vivienda es una inversión que concentra la práctica totalidad de su patrimonio. La vivienda no es percibida solo como una necesidad o un problema, es también “una oportunidad, una ilusión o un cúmulo de ambiciones, algunas legítimas y otras no tanto, pero casi siempre un lógico objeto de deseo” (*) de enriquecimiento. Es esta una realidad social que quizás pueda explicar en parte alguna de las preguntas que ya nos hacíamos durante los años de la burbuja: ¿por qué se respalda institucionalmente la construcción de miles de viviendas sin un objetivo de utilidad social garantizado? ¿Quién podría oponerse al generalizado deseo de enriquecimiento mediante la revalorización de las viviendas en un mercado propenso a la especulación? 

El desajuste entre los precios de la vivienda y las rentas familiares persiste por encima de los cambios sociales, económicos o políticos que se van produciendo. Es un problema sobre el que se ha legislado mucho, pero ha faltado voluntad política para combatir sus raíces. ¿Porque sería ir contra los propios intereses o porque entrañaría un excesivo coste político?

La carestía de la vivienda comienza por el suelo, las prácticas especulativas han sido permitidas, cuando no favorecidas, y el deseo de obtener plusvalías a través de la vivienda es una aspiración general. Quizás la desaparición de la especulación del suelo no sería un remedio suficiente, pero para avanzar en el derecho a la vivienda será imprescindible atender al artículo 47 de la CE: “… Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”

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 (*) Vinuesa, J. (2013) El festín de la vivienda. Auge y caída del negocio inmobiliario. Díaz @ Pons, Madrid, 116 p

PROPUESTAS DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA ARMAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MADRID.

 

Tras la enumeración de principios y el avance de un prediagnóstico corresponde cerrar el razonamiento con la recopilación de algunas de las propuestas de actuación que, a pesar de ser reiteradas desde diversos foros y de tener éxito contrastado en otros países, no han encontrado en Madrid la voluntad política ni el consenso social necesarios para su implementación.

1. Es obligado analizar la vivienda, como la imprescindible repuesta a las necesidades de alojamiento, con un enfoque global, “holístico”, considerando la totalidad de los elementos, factores y agentes privados y públicos implicados en: su construcción, los mercados, el ordenamiento jurídico, las actuaciones públicas, sus condiciones de habitabilidad y su utilización. Ante un problema tan complejo no valen soluciones simples y puntuales.

2. Es preciso mejorar la información sobre la vivienda y sobre el suelo, de acuerdo con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

3. No tiene justificación que una ciudad como Madrid no disponga aún de un sistema de información digitalizada y georreferenciada que permita conocer, puntualmente y con rigor las necesidades, la adecuación del parque residencial, haciendo más transparente el mercado. 

4. Para conocer las necesidades de viviendas habrá que elaborar información estadística detallada de los flujos de aparición y desaparición de los diferentes tipos de hogares, con objeto de generar informes prospectivos por grupos sociales y ámbitos urbanos específicos. 

5. Para conocer la disponibilidad del parque existente habrá que disponer de un registro administrativo de viviendas, con información siempre actualizada sobre localización, características físicas, condiciones de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, ITE, promoción, propiedad, situación de uso, régimen de cesión, precios… La actualización de esta información será especialmente exigible para las viviendas con algún tipo de protección oficial, indicándose, en su caso, las causas de la desocupación.

6. Hay que reclamar un marco jurídico estatal y autonómico que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada.

7. Ante la ineficacia de las políticas de vivienda que se han venido aplicando en los últimos 70 años, se hace preciso un nuevo enfoque, consensuado entre los diferentes grupos políticos, que garantice mantener las líneas de actuación a largo plazo. 

8. Habrá que actuar en muy diferentes frentes para lo que habrá que contar con la colaboración de todas las administraciones, buscando la imprescindible participación de los agentes privados, especialmente precisa para actuar en un parque con una estructura de propiedad muy atomizada, y fomentando la intervención de empresas público-privadas así como del tercer sector. 

9. Las actuaciones de vivienda deberán plantearse desde la consideración de un servicio social de interés general y, así, habrán de adaptarse a las necesidades específicas de las nuevas unidades de convivencia, diversas y cambiantes. A la vez han de atender a las exigencias de regeneración, de accesibilidad y de eficiencia energética de una buena parte del parque residencial, como respuesta a la emergencia climática y al inevitable cambio del modelo de movilidad.

10. La intervención pública para la adecuación del parque residencial existente habrá de estar prioritariamente dirigida a crear una oferta suficiente de viviendas en alquiler a precios asequibles para las necesidades de alojamiento, de acuerdo con las características y las capacidades de renta de los hogares madrileños y homogéneamente distribuida por toda la ciudad.

11. Habrá que regular y controlar la utilización del parque residencial existente para usos más lucrativos, especialmente los turísticos, o especulativos, que reducen y encarecen la oferta para el alquiler de vivienda permanente, que fomentan la segregación espacial y deterioran el carácter residencial de los barrios centrales y son contrarios a la diversidad y la cohesión social en el conjunto de la ciudad.

12. Las intervenciones públicas en defensa del derecho a la vivienda requieren incrementar considerablemente las dotaciones presupuestarias y mejorar la capacidad de gestión.

 

13. Hay que dedicar un decidido apoyo a las nuevas tecnologías en la construcción y rehabilitación de viviendas para hacer más eficiente la industria de la construcción, reduciendo costes, plazos e impacto ambiental.

14. Dotarse de la normativa necesaria para regular el uso del suelo público y evitar su enajenación así como la de las viviendas construidas con ayudas públicas.

A MODO DE PREDIAGNÓSTICO PARA LA CIUDAD DE MADRID SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA.

A partir de “Algunos principios básicos sobre la vivienda” se esboza este prediagnóstico ya que la falta de información estadística no permite, de momento, hacer los análisis necesarios para poder diagnosticar con rigor los problemas de la vivienda en Madrid, por grupos sociodemográficos correctamente identificados y por ámbitos urbanos bien delimitados. 

I. No se dispone de la información necesaria sobre el parque residencial: cuántas viviendas hay en Madrid, qué características tienen, cómo están siendo utilizadas, con qué regímenes de cesión, a qué precios. Tampoco se dispone de la información precisa sobre las necesidades de vivienda que está generando una dinámica sociodemográfica que tiene muy poco que ver con la de la segunda mitad del siglo pasado. La carencia de información, conocimiento y transparencia es el primer reto a superar, es una de las causas iniciales del problema.

II. Tanto los poderes públicos como los agentes económicos han actuado durante decenios sin un conocimiento mínimamente riguroso de las necesidades de vivienda derivadas de la dinámica sociodemográfica. Así como de las características de las viviendas existentes, de su estado de conservación y de la situación de uso.

III. La falta de un amplio y riguroso conocimiento de la realidad ha mermado eficacia a las políticas de vivienda. Se ha favorecido per se la construcción de nuevas viviendas y ha quedado oculta la necesidad de adecuar el parque residencial existente a la dinámica sociodemográfica. Además, la falta de trasparencia agrava las dificultades de los ciudadanos para ejercer su derecho a la vivienda.

IV. Madrid tiene una sociedad muy dinámica que vive un periodo de cambios de gran trascendencia en la composición y en la aparición y desaparición de hogares y, en consecuencia, en las necesidades de alojamiento. Esta dimensión básica del problema no está siendo suficientemente tenida en cuenta.

V. Desde los años 50 hasta mediados de los 70 hubo en Madrid escasez absoluta de vivienda: había menos viviendas que hogares y faltaba capacidad para construir todas las que se necesitaban. Después, el problema ha ido siendo fundamentalmente la inadecuación de la oferta (del parque disponible) a las necesidades y a la capacidad de renta de los hogares. No hay datos fiables sobre la oferta de viviendas usadas, pero una gran parte del parque exige actuaciones de regeneración y la dinámica de tamaño y composición de los hogares plantea unas necesidades diferentes de vivienda.

VI. En Madrid la práctica totalidad del parque de vivienda y el ejercicio de derecho a un alojamiento digno y adecuado está sujeto al funcionamiento del mercado.

VII. Aún no se dispone de una ley estatal de vivienda y, a diferencia de otras autonomías, la Comunidad de Madrid tampoco tiene una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada.

VIII. Hay un fuerte desajuste entre la capacidad de renta de los hogares y el precio que tienen que pagar por disponer de una vivienda y, aunque afecta especialmente a los jóvenes, se trata de un problema que sufren muchos madrileños, que tienen que dedicar una proporción superior al 30% de su renta.

IX. Se está focalizando el problema en los precios del alquiler, que se desvinculan del mercado de la vivienda en venta y su evolución. Aunque sean dos mercados diferentes, es lógico pensar que el precio del alquiler esté en relación con la inversión realizada por el arrendador.

X. La ausencia de diagnósticos rigurosos ha propiciado la persistencia en implementar medidas dirigidas a paliar algunos síntomas y no ha corregir las causas de los problemas. Por ejemplo, se pone el énfasis en medidas paliativas para hacer frente a situaciones extremas, de emergencia y de dudosa eficacia, como controlar los precios del alquiler en un mercado de oferta muy atomizada, pero no se afronta la regulación de “…la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” (art.47 CE).

XI. Aunque no sea posible cuantificar las dificultades para disponer de una vivienda digna, adecuada y asequible en Madrid, sí se puede asumir que presentan una gran diversidad y tienen etiologías diferentes según los tipos de hogares, las zonas y los periodos. 

XII. Con sus ventajas e inconvenientes, un hecho determinante de nuestro modelo residencial es la enorme preponderancia de la vivienda en propiedad. La vivienda constituye la mayor parte, en muchos casos la totalidad, de los patrimonios familiares. Culturalmente, la compra de la vivienda es considerada como la forma adecuada de disponer de una vivienda mientras que el alquiler se ve como un mal menor. La compra de una vivienda es “una buena inversión” y aporta “seguridad”. 

XIII. Durante décadas se han financiado con fondos públicos decenas de miles de viviendas con algún tipo de protección oficial que han sido vendidas a sus adjudicatarios y más recientemente a fondos de inversión. Con esta política se han transferido a particulares las plusvalías generadas con el dinero público y se ha impedido constituir un parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles. 

XIV. El mercado de alquiler existente es escaso, caro y muy poco transparente para quienes buscan resolver así sus necesidades de alojamiento, la oferta está muy atomizada y en manos de pequeños propietarios, no profesionales, que acusan temores de inseguridad jurídica. 

XV. Los agentes económicos, dada la generalizada cultura de compra y el carácter de activo económico de la vivienda, junto con la permisividad del planeamiento urbanístico, han actuado como si la demanda de vivienda fuera “ilimitada”. Las décadas de fuerte crecimiento de Madrid han dado lugar a un modelo de “desarrollo urbano” especulativo en el que no se cuestionan los excesos en la producción de nuevas viviendas. Es un modelo amparado por fortísimos intereses económicos en torno a los beneficios obtenidos con la promoción, la construcción y la financiación de las viviendas, así como en los ingresos que supone para las arcas públicas. Sigue vigente la idea de que la construcción de nuevas viviendas es por sí misma una buena noticia. 

XVI. La política de vivienda ha estado dirigida a fomentar la promoción y la construcción para la venta. Salvo excepciones, las actuaciones enfocadas desde la perspectiva del carácter social de la vivienda están por formularse. 

ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA VIVIENDA

¿Cuándo las actuaciones dirigidas a mejorar la satisfacción del derecho a la vivienda partirán de la consideración de ciertos principios básicos?

Por ejemplo:

a. La vivienda es una realidad muy compleja que exige ser considerada desde perspectivas diferentes en el marco del sistema residencial.

b. Para que sean eficaces las actuaciones dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda será necesario tener en cuenta la totalidad de los elementos, factores y agentes privados y públicos que componen el sistema residencial de la ciudad: las viviendas existentes, sus condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética así como su uso; las necesidades derivadas de los flujos de aparición y desaparición de hogares; la dinámica de construcción de nuevas viviendas; el sistema financiero, las necesidades y las actuaciones de rehabilitación; el funcionamiento de los mercados; el marco normativo; las políticas que se vienen aplicando y sus resultados...

c. La vivienda es un ámbito de uso privado cuya existencia se justifica por su utilidad social para dar satisfacción a la necesidad vital de un alojamiento digno, seguro, confortable y asequible.

d. Satisfacer la necesidad de un alojamiento digno y adecuado es un derecho humano universalmente reconocido, que exige, en su caso, la intervención de los poderes públicos.

e. Hay que diferenciar las necesidades de vivienda, directamente vinculables a la dinámica sociodemográfica, de las demandas de vivienda, que incorporan su naturaleza de activo económico sujeto al funcionamiento del mercado

f. La vivienda es un activo económico: Es el principal componente de los patrimonios familiares. Los intereses del sector inmobiliario, del sector de la construcción y del sector financiero gravitan en buena medida sobre la vivienda. La fiscalidad de la vivienda es una importante fuente de financiación de las administraciones públicas.

g. Toda la necesidad de vivienda genera demanda, pero no toda la demanda busca satisfacer la necesidad de alojamiento. La demanda de vivienda como inversión (especulativa, refugio…) juega un papel importante en el mercado.

h. La compra de una vivienda, aunque sea para usarla como vivienda principal, es a su vez una forma de ahorro y una inversión y por tanto excede de lo que es estrictamente la necesidad y el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada.

i. El problema de vivienda se materializa en las personas que no pueden satisfacer la necesidad de un alojamiento digno, adecuado y asequible. Los objetivos de las políticas de vivienda deben centrarse en garantizar ese derecho.

j. Los problemas de vivienda se concretan territorialmente y deben tener solución a nivel local, aunque su origen pueda estar en decisiones de otros ámbitos competenciales.

k. El derecho a la vivienda es indisociable del derecho a la ciudad. La vivienda es un componente básico del espacio urbano, de la estructura de la ciudad y del territorio y su utilidad como alojamiento depende también de su proximidad a servicios y equipamientos que garanticen el acceso a otros derechos básicos (educación, sanidad...) y unos mínimos niveles de calidad de vida. 

l. La dificultad para disfrutar de una vivienda digna y adecuada es quizás el principal factor de desigualdad y de segregación social del espacio, y tiene también consecuencias sociales y económicas muy graves sobre los ciudadanos y sobre el funcionamiento de la ciudad.

m. Ante la complejidad del problema de la vivienda no valen soluciones simples y puntuales. Se requieren actuaciones coordinadas en muy diferentes frentes, la colaboración de todas las administraciones, la participación de agentes privados y el firme consenso de mantenerlas en el largo plazo.

n. Las actuaciones para corregir los problemas de la vivienda requieren importantes esfuerzos presupuestarios, pero no será posible una gestión eficaz sin la información y el conocimiento que se precisa para analizar con rigor los problemas.

o. La transparencia en las transacciones inmobiliarias es esencial para evitar distorsiones en el mercado de la vivienda y prevenir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

LA VIVIENDA Y EL "RETO DEMOGRÁFICO"

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha creado la plataforma Sistema Integrado de Datos Municipales (SIDAMUN) para ofrecer “on line” y con acceso libre “una colección de indicadores y datos de diferentes temáticas con el objetivo de facilitar el acceso a la información lo más detallada posible sobre el estado de situación del territorio “.

Además de la valoración ya realizada sobre las limitaciones del SIDAMUN en su conjunto, consideramos necesario hacer algunas puntualizaciones sobre el contenido del “bloque temático” dedicado a “vivienda y hogar”. Partimos de la idea de que el SIDAMUN se crea para facilitar el conocimiento de la realidad territorial, teniendo como meta dar respuesta al “reto demográfico” y, de forma muy específica, al “problema de la despoblación” en la mayor parte del territorio nacional. 

 

Las variables que se incorpora bajo el epígrafe “viviendas y hogar” son:

a)     número de viviendas 

b)     % de viviendas principales, 

c)      % de viviendas secundarias 

d)     % de viviendas desocupadas 

e)     el tamaño medio del hogar

f)      % proporción de hogares unipersonales

g)     viviendas turísticas, 

h)     número de plazas turísticas,

i)       plazas por vivienda turísticas

j)       Plazas turísticas/100 hab.

 

No se explica la utilidad de los datos ofrecidos, pero es obvio que la vivienda es un componente básico de la estructura de cualquier territorio y las proporciones de las situaciones de uso del parque pueden ser muy reveladoras de las funciones que ejerce o del grado de abandono del ámbito territorial de referencia. Se echa en falta que no se incluya ninguna información sobre las características físicas de las viviendas a pesar de que tienen una gran relevancia en la calidad de vida de los residentes. En todo caso, la información ofrecida sobre vivienda corresponde al Censo de 2011, lo cual le resta casi toda su posible utilidad. Es cierto que de momento no hay información censal mas reciente, pero sí existe información estadística de otros registros públicos y privados y sería deseable que, cuando estén disponibles los datos del Censo de 2021, su explotación sí sirva para generar conocimiento sobre la dinámica territorial. 

 

 

Es coherente incorporar en este bloque información sobre los hogares. Las variables que miden las distintas formas y tamaños de las unidades de convivencia son las que deben cruzarse con las características de las viviendas en el análisis territorial, pero los dos indicadores manejados en SIDAMUN son excesivamente simples y no permite establecer relaciones de adecuación con las viviendas. 

Por último, no es conceptualmente aceptable la inclusión en este bloque de la información sobre la oferta de viviendas turísticas. Se trata de una actividad económica, sin duda muy relevante en algunos territorios, pero la relación con las viviendas como parque residencial no va mas allá de la coincidencia del sustantivo “vivienda”, por el uso inapropiado que de él se hace al referirse a los alojamientos turísticos.