Como todos los años, el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. El tema para 2020 es Vivienda para todos: Un mejor futuro urbano
El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado un Boletín Especial de Vivienda Social, con el propósito de ofrecer un “análisis de los principales datos acerca de la vivienda social en España”. Cabe esperar que sea el inicio de una tarea que incomprensiblemente no ha se ha realizado en los setenta años de actuaciones de vivienda de promoción y de protección pública, máxime cuando como se señala en la presentación del Boletín se trata de una información “clave para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada”.
En numerosas ocasiones hemos reclamado información detallada y permanentemente actualizada sobre las características y el uso de todas las viviendas, especialmente las que han sido construidas con ayudas públicas. Confiemos en que esta iniciativa del Observatorio de Vivienda tenga continuidad y culmine con un sistema de información propio de la tecnología actual y capaz de dar la respuesta adecuada a la necesidad de conocimiento sobre el sistema residencial.
El Boletín contiene datos obtenidos mediante un cuestionario enviado a las administraciones autonómicas, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y otras entidades locales, con objeto, entre otros, de recabar información sobre la situación y características del parque de vivienda social, que asciende a unas 290.000 de “titularidad pública, destinadas al alquiler social o de renta limitada”. 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y las otras 110.000 pertenecen a los ayuntamientos y entidades dependientes. Esas 290.000 viviendas suponen en 2019 oferta de alojamiento para el 1,55% de los hogares residentes en España.
El primer capítulo se dedica la actividad de promoción de vivienda protegida en España desde 1980:
Por fin el Gobierno iniciará el trámite de consulta pública del Proyecto de Ley Estatal del Derecho a la Vivienda. Esta Ley que el ministerio ha venido elaborando desde la legislatura anterior, de la mano entonces de Elena Beunza, vendrá a llenar un difícilmente explicable vacío legal, máxime si, como se anuncia, consigue armoniza la normativa y establecer los conceptos claves para desarrollar políticas de vivienda para garantizar el derecho a una vivienda digna adecuada y asequible.
En el mismo acto, el Ministro de Infraestructuras, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, reitera el anuncio del Plan 20.000, ya efectuado en la anterior Legislatura julio de 2018 y en mayo de 2019. Vuelve a anunciar también la inminente puesta en marcha de la Operación Campamento en Madrid, como una de las operaciones a través de las cuales el Gobierno se propone aportar vivienda de alquiler a precios asequibles.
Repite también en esta ocasión declaraciones anteriores sobre la necesidad de colaboración con otras administraciones y con agentes privados, ofreciendo la cesión de suelo público para la construcción de viviendas sociales en alquiler a precios asequibles.
Recordó también la voluntad del Gobierno de incrementar la partida para vivienda en los Presupuestos Generales del Estado, tal como se había hecho en la legislatura anterior con los Presupuestos de 2018 que no fueron aprobados.
En 2017 el Ministerio de Hacienda había regulado la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, ahora el Tribunal Supremo ha dictado sentencia declarando nula esa obligación por no haberse cumplido con el precepto de comunicar su tramitación a la Comisión Europea.
La sentencia atiende al recurso presentado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y elimina la posibilidad de obtener de las plataformas información sobre la propia vivienda a través del número de referencia catastral; sobre las personas o entidades cesionarias y los beneficiarios; y sobre los días que ha estado alquilada y el precio.
La sentencia se fundamenta en un defecto de tramitación del Real Decreto 1070/2017, pero ello no menoscaba la necesidad de que se regule el alquiler turístico de viviendas, por los efectos muy negativos que puede tener al reducir la oferta y encarecer los precios de viviendas, cuya construcción fue autorizada por los respectivos ayuntamientos para satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada de los residentes.
Resumo a continuación las principales reflexiones y propuestas que expuse en mi comparecencia en el Grupo de Trabajo 2 (Políticas de Vivienda) de la Comisión para la Reconstrucción de Madrid el 19 de junio de 2020, invitado por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid.
El problema de la vivienda es quizás el principal factor de segregación social y de desigualdad, y tiene también consecuencias sociales y económicas muy graves sobre la ciudad. Sin corregir las desigualdades la “reconstrucción de Madrid” no será posible.
El problema, al que tienen que hacer frente los poderes públicos, es que haya ciudadanos que no encuentran una respuesta satisfactoria a su derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Hasta mediados de los 70 hubo en Madrid escasez absoluta de vivienda: más hogares que viviendas. Después el problema ha ido siendo fundamentalmente un problema de inadecuación de la oferta (del parque disponible) a las necesidades de los hogares. Una sociedad diferente tiene necesidades de vivienda diferentes y por tanto hacen falta otras políticas de vivienda.
La vivienda puede no ser un alojamiento, pero siempre será un activo económico. La principal peculiaridad de nuestro modelo residencial es la enorme preponderancia de la vivienda en propiedad. La vivienda constituye la mayor parte, y en muchos casos la totalidad, del patrimonio de las familias.
Es excesiva la proporción de renta que los hogares tienen que destinar para satisfacer la necesidad de alojamiento. Se está focalizando el problema en los precios de la vivienda en alquiler, pero no parece preocupar el precio del m2 de la vivienda en venta. Hay un fuerte desajuste entre la capacidad de renta de los hogares y el precio que tienen que pagar por disponer de una vivienda y, aunque afecta especialmente a los jóvenes, se trata de un problema que sufren la inmensa mayor parte de los madrileños, que tienen que dedicar una proporción superior al 33% de su renta, que es lo que se estima como máximo tolerable.
Es preciso diferenciar entre “necesidad” y “demanda” de vivienda. La necesidad se satisface disponiendo del uso de una vivienda digna y adecuada. Toda la necesidad genera demanda y en la necesidad insatisfecha se materializa el problema de la vivienda. Pero no toda la demanda busca satisfacer su necesidad de alojamiento. La compra de una vivienda, aunque sea para usarla como vivienda principal, es a su vez una forma de ahorro, una inversión y por tanto excede de lo que estrictamente es la necesidad y el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada.
La política de vivienda ha estado dirigida a fomentar la promoción y la construcción. El carácter social de la vivienda ha quedado relegado a un segundo plano. Hay que cambiar decididamente un modelo que se limita a anunciar actuaciones cuando surgen emergencias, que, en realidad, son sólo algunos de los síntomas más llamativos del problema. Los problemas sociales en relación con la vivienda sólo pueden ser bien analizados desde un enfoque global del sistema residencial que identifique las causas. Se necesita una ley estatal de vivienda y, a diferencia de otras autonomías, tampoco tiene la Comunidad de Madrid una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada.
En política de vivienda es necesario afrontar algunos cambios desde la raíz, actuando sobre las causas y no sólo sobre las consecuencias, como viene siendo habitual. La vivienda debe ser tratada como una realidad de una enorme complejidad con atributos físicos (tamaño, confortabilidad, localización) que la hace muy diversa, más o menos digna, adecuada, mas o menos apta, más o menos útil para satisfacer las necesidades de alojamiento de los hogares. La vivienda es un derecho fundamental, que resulta imprescindible para satisfacer otros derechos básicos. El derecho a la vivienda es indisociable del “derecho a la ciudad”. La vivienda ha sido la principal protagonista de eso que se llama “desarrollo urbano”, dentro de un modelo fuertemente especulativo. Es la “joya” del sector inmobiliario, del de la construcción y de otros complementarios, en torno a los cuales existen fortísimos intereses económicos y financieros; son sectores muy relevantes también en la generación de empleo y en la financiación de las administraciones.
No se dispone de la información necesaria sobre el parque residencial: cuántas viviendas hay en Madrid, qué características tienen, cómo están siendo utilizadas, con qué regímenes de cesión, a qué precios…Tampoco se dispone de la información precisa sobre las necesidades de vivienda que está generando una dinámica sociodemográfica que tiene muy poco que ver con la de hace tan solo 20 años ni con la de dentro de 10 años. Es inconcebible que en plena era digital, del big data, de la inteligencia artificial, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid, no dispongan de la información necesaria para gestionar adecuadamente políticas activas de vivienda. La carencia de información y conocimiento es el primer reto a superar, es una de las causas iniciales del problema.
Sin información es imposible gestionar bien, pero sin recursos no será posible gestionar. Las dotaciones presupuestarias para políticas activas están en una décima parte de lo que los expertos recomiendan. No se debería seguir enajenando el suelo público ni las viviendas que han sido construidas con ayudas oficiales.
Hay que concentrar los recursos en mejorar la habitabilidad de buena parte del parque residencial madrileño, que es uno de los más obsoletos de Europa. Será muy importante la regeneración urbana, especialmente si se combina con la creación, no necesariamente construcción, de un parque suficientemente amplio de alquiler asequible, objetivo que ha sido eludido por la legislación y por las políticas de vivienda.
No existen soluciones milagrosas ni inmediatas y un solo tipo de medidas no será suficiente. Son imprescindibles otras políticas consensuadas entre las fuerzas políticas y entre las distintas administraciones, basada en la colaboración con los agentes privados y con voluntad de permanecer a lo largo del tiempo. Es necesaria otra política de vivienda con un enfoque eminentemente social, adaptada a las nuevas unidades de convivencia, diversas y cambiantes, y a las exigencias de regenerar amplios espacios de la ciudad, atendiendo a la emergencia climática y al inevitable cambio del modelo de movilidad.
Al plantear supuestas medidas de vivienda, el predominio de los aspectos económicos es una constante a lo largo de nuestra historia, que hace olvidar su carácter social y, sobre todo, postergar las necesarias políticas en favor del alquiler asequible.
El peso del sector inmobiliario en el PIB y en la creación de empleo, así como su incidencia muy positiva en las finanzas locales, son argumentos de mucho peso a la hora de proponer medidas que "animen la demanda" y consecuentemente favorezcan la construcción y venta de viviendas.
La presidenta del Banco Santander ha anunciado que las entidades financieras proponen un acuerdo con el ICO para que éste conceda avales que faciliten la compra de vivienda a los jóvenes, al poder incrementar el importe de sus hipotecas.
La Asociación de Promotores (APCE) apoyan la medida con los siguientes argumentos:
Luis del Valle, En 2018, creó MADRInnovation, basado en más de 20 años de experiencia en el campo de la innovación, un servicio de consultoría para ayudar a empresas e instituciones públicas a mejorar su capacidad de innovación, al tiempo que aumentan su tasa de éxito y disminuyen el tiempo de lanzamiento de nuevos productos y programas. Basado en un proceso de innovación propio. Que en el ámbito social permite crear Laboratorios de Innovación Social.
José Luis Infanzón, Arquitecto Urbanista, por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Fulbright Advanced Research Award. School of Architecture Planning and Preservation. Universidad de Columbia (Nueva York) año 1991. Desde 2001 es Profesor Asociado y Profesor Ad Honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la U.P de Madrid. Profesor invitado por las Universidades de Columbia, Tel Aviv, Buenos Aires, U. de los Andes (Bogotá). Ha sido redactor y director de numerosos proyectos y planes de diferentes escalas, entre los años 1989 y 1995. Funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1995, ha ejercido como: Subdirector de Proyectos Singulares del Área de Urbanismo y Vivienda; responsable de los proyectos Madrid Rio y Recoletos Prado (años 2010-2011); Director General de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid entre los años 2011 y 2015; Director General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras desde 2015. Ha sido Jurado en diversos concursos internacionales como la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo o el Premio Europeo a la Mejor Intervención en el Patrimonio Histórico. Ha obtenido diversos premiso: Veronica Rudge Green Prize in Urban Design, Harvard University; Premio FAD 2011, en la categoría, “Ciudad y Paisaje”; y Premio del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid a la “Mejor Obra Pública”. 
Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, es especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas con máster en la Universidad Complutense y en la George Whashington University. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, como asesora del Grupo Municipal Socialista; ha sido Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Española de Municipios y Provincias y asesora de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno de España, en el ámbito de la política territorial. Desde 2015 es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y responsable de urbanismo y vivienda. 
Josenia Hervás Arquitecta, es doctora arquitecta con doble especialidad en edificación y urbanismo. Comparte estudio propio con su colega Esteban Herrero Cantalapiedra y es profesora asociada de la Universidad de Alcalá. Participa en el grupo de investigación “Arquitectura, Historia, Ciudad y Paisaje” de la Universidad de Alcalá y pertenece al grupo de trabajo del proyecto de investigación “Mujeres en la cultura Arquitectónica (pos)moderna española, 1975-2000” liderado por Lucía C. Pérez Moreno. Aporta su experiencia investigadora en la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género y en temas relacionados con la escuela alemana de arquitectura y diseño Bauhaus. 
