¿POR QUÉ TODO LO RELATIVO AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA, INCUMBE A LA GEOGRAFÍA URBANA?

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES IDEAS QUE EXPUSE EN LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 27/2/2025 bajo el título "Dinámica de los hogares y problema de la vivienda: necesidad, demanda y oferta".

En la mesa de diálogo también participaron:

Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima)

Gema Gallardo, Directora General de PROVIVIENDA

y José María de la Riva.  

(VER VIDEO DE LA SESIÓN)

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA NECESITA UN ANÁLISIS RIGUROSO CON UN ENFOQUE HOLÍSTICO QUE TENGA EN CUENTA SU COMPLEJIDAD

 

1. Hay problema de vivienda cuando el sistema de provisión no es capaz de satisfacer todas las necesidades de una vivienda digna y adecuada. Es decir cuando a nivel local y para un determinado periodo de tiempo se producen DESAJUSTES ENTRE LAS NECESIDADES Y LA OFERTA DE VIVIENDAS.

2. El problema de la vivienda tiene una GRAN COMPLEJIDA y exige un ENFOQUE HOLÍSTICO. Tal como propone el análisis geográfico, han de tenerse en cuenta la naturaleza de la vivienda y los distintos elementos, agentes y factores que configuran el funcionamiento del sistema de provisión de vivienda, que debe servir para atender las necesidades que genera la dinámica sociodemográfica.

3. La vivienda debe verse en su condición de necesidad humana, derecho humano. Disponer de una vivienda digna y adecuada es un DERECHO CONSTITUCIONAL, que no ampara poseerla en propiedad.

4. La vivienda es el ESPACIO MÁS IMPORTANTE con el que nos relacionamos las personas. De ese espacio depende la calidad de vida y es la garantía necesaria para la satisfacción de otros derechos como la salud y educación. La vivienda está en el origen de la mayor parte de los casos de exclusión social. 

5. El derecho a la vivienda se complementa con el “derecho a la ciudad”, que debe garantizar el ESPACIO RESIDENCIAL que, a su vez, es el componente mas relevante de las estructuras urbanas. 

6. La vivienda es un FACTOR DE LOCALIZACIÓN, de atracción o de expulsión, de la población en ámbitos y periodos concretos. La distribución espacial de la oferta de viviendas incide directamente en la distribución espacial de la composición de la población y de las actividades económicas. Puede ser un factor de desequilibrios y de segregación social espacial, contrarios a la cohesión social. 

7. Existe una fuerte INTERACCIÓN entre la dinámica sociodemográfica y la oferta de vivienda.  La dinámica demográfica, en concreto el saldo neto de hogares, en ámbitos y periodos concretos, genera la mayor parte de las necesidades de vivienda. 

8. La vivienda, un espacio de uso privado construido para satisfacer la necesidad de alojamiento, es más que un BIEN DE USO, es un ACTIVO ECONÓMICO. Hay que tener en cuenta que la vivienda constituye la mayor parte, si no la totalidad, de los patrimonios familiares y que el parque residencial en su conjunto es un componente muy importante de la riqueza del país y de su valoración a nivel internacional. 

9. Sobre la vivienda se asienta una RELEVANTE PROPORCIÓN DEL PIB. Es el principal foco de interés de importantes agentes económicos, como el sector inmobiliario, la industria de la construcción, el sector financiero y otros muchos sectores productores de bienes y servicios complementarios. 

10. Las distintas administraciones ejercen un papel regulador y normativo sobre la construcción y el uso de las viviendas. Sus decisiones pueden verse comprometidas por el hecho de que las HACIENDAS PÚBLICAS, especialmente las municipales, encuentran en “la vivienda” la oportunidad de alimentar sus finanzas a través de los diversos impuestos y tasas que la gravan. Más del 25% del precio de una vivienda son impuestos

11. Las administraciones públicas también pueden ejercer un papel fundamental en el sistema de provisión de vivienda mediante la asignación de RECURSOS PÚBLICOS EN LA INTERVENCIÓN SUBSIDIARIA que les corresponde.

12. El sistema de provisión de vivienda COMIENZA POR EL SUELO, materia prima necesaria y limitada, cuyo uso está regulado por diversas normativas dentro de unos mercados especialmente propensos a situaciones de escasez y comportamientos especulativos.  

13. El sistema de provisión de viviendas debe ser también considerado desde la perspectiva de la SOSTENIBILIDAD. La construcción de viviendas es responsable del 39% de las emisiones de dióxido de carbono, lo que afecta gravemente al medio ambiente. No basta con incorporar al parque “viviendas pasivas”. Es un objetivo de primer orden mejorar la eficiencia energética del parque residencial existente.

EN CONCLUSIÓN, la ineficacia crónica en la provisión de las viviendas adecuadas a las necesidades de la dinámica sociodemográfica se debe, en buena medida, a la ausencia del análisis global, holístico que propone la geografía urbana.  La historia demuestra que sin tener en cuenta la complejidad del problema, resultan inútiles las intervenciones simples y puntuales sobre alguna de las consecuencias mas graves y llamativas, como la inasequibilidad, no reconocer la complejidad  del problema es perpetuarlo.  

 

LAS PERSONAS MAYORES Y EL ESPACIO URBANO

Participación en un ciclo sobre Vivienda, Ciudad y Territorio, organizado por la Asociación ISEGORIA

 

En la sesión he propuesto algunas reflexiones sobre la interacción existente entre la “población mayor” y un espacio urbano en transformación, los problemas y las oportunidades.  

 

Desde hace medio siglo la dinámica demográfica acelera el proceso de envejecimiento de la población, provocado por dos causas distintas y con efectos diferentes: disminuye la natalidad y aumenta la esperanza de vida. De la segunda se deriva la existencia de un grupo social nuevo, muy numeroso y creciente y que no existía hace cincuenta años: el de las “personas mayores”.

 

El grupo de “personas mayores”, en contra de la homogeneidad que se le supone, presenta una gran heterogeneidad, que se acentúa en la medida en que se amplia como efecto de la prolongación de la vida. Ello invita a reflexionar acerca de la necesidad de revisar los criterios y actitudes sobre el significado de la edad. Los prejuicios con respecto a la edad responden a una actitud antigua y quizás no se le está prestando la atención necesaria. Los términos “edadismo”, “viejismo” hacen referencia a los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad, que tienen graves consecuencias especialmente para las personas mayores. Las informaciones disponibles y la capacidad de análisis de las nuevas tecnologías permitirían realizar tipologías de personas más precisas y detalladas. La utilización de otros criterios, más allá de la fecha de nacimiento, permitiría unas respuestas normativas mas acorde con la realidad, por ejemplo al establecer la edad de jubilación. 

 

La práctica totalidad de los elementos que condicionan la calidad de vida de las personas mayores tienen carácter local. Hay que centrar la atención en la respuesta que reciben las personas mayores al derecho a una vivienda digna y adecuada y al derecho a la ciudad, que son indisociables. Tal como viene señalando la OMS, “las personas mayores, en particular, requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento”. Hay que facilitar la adecuación de sus viviendas y poner a su disposición los equipamientos y servicios accesibles y adecuados a sus específicas y crecientes necesidades sanitarias y de dependencia. También deberán incrementarse las dotaciones de los equipamientos facilitadores de las relaciones sociales.

 

En muchas de nuestras ciudades predominan los espacios urbanos creados en las décadas de los 50 a los 80 mediante crecimientos muy rápidos, de los que resultan unas estructuras de población con perfiles sociales y de edad muy marcados y parques residenciales de escasa calidad y actualmente deteriorados, con déficit de accesibilidad, de confort térmico, de eficiencia energética… Es necesario un gran esfuerzo de regeneración y adecuación, que no se está haciendo. Al contrario, la falta del necesario control urbanístico, hace que prosperen en las zonas centrales procesos de expulsión de los residentes por gentrificación y turistificación, que afectan especialmente a la población mayor.

 

En España la inmensa mayoría de las personas mayores son propietarias de su vivienda, lo cual es algo muy positivo desde una perspectiva personal y social, pero también presenta algunos inconvenientes. La seguridad que da la propiedad es una ventaja, pero una estructura de propiedad tan atomizada crea rigideces, por ejemplo, para impulsar y facilitar procesos de regeneración de los edificios o de adecuación de la vivienda a los cambios en la composición del hogar y a las necesidades derivadas de la edad. La vivienda en propiedad, como ahorro, ofrece la oportunidad de utilizar ese patrimonio inmobiliario personal para hacer frente a las crecientes necesidades sanitarias y de dependencia, pero hacen falta desarrollos normativos que regulen y favorezcan este tipo de soluciones que permitirían obtener rendimientos vitalicios con la propia vivienda. La legislación sobre la herencia está siendo también un obstáculo para una fluida rotación de los patrimonios familiares, con incidencia en el volumen de viviendas que permanecen vacías. 

NADA NUEVO: EQUÍVOCOS SOBRE VIVIENDA PARA PROMOVER SUELO

Comentarios a un ejemplo más del "papel finalista" de la prensa en favor de los intereses de los propietarios de suelo o del sector inmobiliario en general. 

No es fácil concentrar más inconsistencias y más contradicciones en la argumentación, ni más medias verdades y  falsedades  que las que se encuentran en este artículo, que se publica en vísperas de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe definitivamente las nuevas normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El problema no es "equivocar" el diagnóstico en cuanto a la demanda de vivienda.  Lo grave es mantener la falsedad de que el desarrollo de nuevos suelos y la construcción de más viviendas será la solución para hacerlas asequibles.

 

Al buscar explicación a que el precio de la vivienda se mantenga "resiliente" (sic) cita el aumento significativo de "los flujos de inmigración". ¿Está homologando a todos los inmigrantes con los que más bien habría que denominar inversores extranjeros? 

Se afirma con datos que la oferta sigue siendo "limitada e insuficiente", pero se omite el año de referencia y, sobre todo, hay un error básico que invalida toda la argumentación. Por definición (INE), el número de hogares coincide con el número de viviendas principales. En el artículo se dice “creación neta de hogares” (?), pero lo que interesa, a efectos de que haya oferta suficiente para las necesidades de primera vivienda (vuelven a equipararse erróneamente demanda y necesidad de vivienda), es el saldo neto de hogares (diferencia entre los que aparecen y los que desaparecen)  y ese saldo o crecimiento es, por tanto, igual a la diferencia del número de hogares existentes al principio y al final del período en cuestión.  Pues bien, hay que rectificar nuevamente esta información errónea utilizada en artículos de prensa como éste. Según el INE en 1/1/2021 había en España 455.531 más que en 1/1/2011, lo que supone un aumento medio de menos de 46.000 hogares al año. No 286.000, como se dice.

Realmente el objetivo del artículo es proponer como solución "liberar suelo finalista en grandes desarrollos", lo que se pretende respaldar, con datos incorrectos, por la necesidad de  “impulsar urgentemente la oferta de vivIenda”.

Es absolutamente necesaria la colaboración publico-privada, pero en el artículo falta concretar que si hay participación pública el alquiler deberá ser a precios asequibles y sin posibles futuras descalificaciones.

MACROTENDENCIAS EN TORNO A LA VIVIENDA 2023-2030

CULMIA ha presentado en Negocios TV las conclusiones de un informe elaborado por A Piece of Pie

En el estudio, realizado tras la consulta a un amplio panel  de expertos (método Delphi), hace un análisis predictivo del sector inmobiliario en torno a las siete macrotendencias que se destacan como más relevantes:

En los últimos decenios se vienen manifestando importantes desajustes entre las necesidades de una sociedad muy dinámica y la rigidez de las soluciones de alojamiento que ofrecen el parque residencial y el sector inmobiliario. Si se intenta vislumbrar el futuro se hace aún más evidente la exigencia de repensar la vivienda.

 

La dinámica sociodemográfica presenta una sociedad “nueva” con predominio de hogares de 1 o 2 miembros, una constante disminución de los hogares con menores, un progresivo aumento de hogares de personas mayores con necesidades específicas y, en general, una creciente diversidad incrementada por los flujos migratorios. 

 

A las exigencias de cambios por los efectos de las pautas de comportamiento sociodemográfico, hay que añadir los que se derivan de la consolidación social y normativa de principios como la sostenibilidad o la preservación de la salud por la vivienda. 

 

Las nuevas tecnologías también han de tener un gran protagonismo en el futuro de la vivienda en aspectos muy diversos: desde la eficiencia en la construcción y gestión del parque a los nuevos modos de “individualismo en comunidad” o al debilitamiento de los vínculos entre las localizaciones de la vivienda y del empleo.

 

Todo ello induce a pensar en la necesidad de cambios muy importantes en las viviendas para hacerlas más flexibles y adecuadas. Entre los que se mencionan en el informe de macrotendencias, quizás el mas relevante sea un cambio conceptual: irá perdiendo fuerza la idea de la vivienda como producto que se adquiere en propiedad, por la idea de la vivienda como servicio útil para resolver de la forma más adecuada las cambiantes necesidades de alojamiento en cada fase de la vida

¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

En noviembre de 2022 el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 

Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 

¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 

¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?

Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad. 

LA PERSISTENCIA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

 En 2013 se publicó “El Festín de la vivienda” (*) y en la introducción se recordaba que más de siglo y medio antes Engels escribía: «El problema de la vivienda al que la prensa dedica hoy en día tanta atención […] no es privativo de la época presente […]».

En 2013 era evidente que “[…la explosión de la última burbuja inmobiliaria, entreverada con los efectos de una gran crisis financiera, había elevado … la intensidad dramática del papel de la vivienda, haciendo recaer sobre ella algunos de sus efectos más perversos en forma de desahucios. La representación del conflicto que se da en la calle llena de titulares los medios de comunicación, y las Administraciones se ven abocadas a producir decretos, planes de urgencia e incluso leyes antidesahucio”(*). 

En 2022 han cambiado algunos de los aspectos circunstanciales y, en vez de desahucios, se habla de “la urgencia de regular los precios del alquiler”, pero en lo esencial todo sigue igual. Ahora, como entonces, con los planteamientos políticos y las opiniones trasladadas a la sociedad desde los medios, se trata de discutir sobre posibles soluciones para los llamativos síntomas de una dolencia que a nadie interesa afrontar desde sus raíces

La sociedad española se caracteriza por una alta proporción de propietarios, para los que la vivienda es una inversión que concentra la práctica totalidad de su patrimonio. La vivienda no es percibida solo como una necesidad o un problema, es también “una oportunidad, una ilusión o un cúmulo de ambiciones, algunas legítimas y otras no tanto, pero casi siempre un lógico objeto de deseo” (*) de enriquecimiento. Es esta una realidad social que quizás pueda explicar en parte alguna de las preguntas que ya nos hacíamos durante los años de la burbuja: ¿por qué se respalda institucionalmente la construcción de miles de viviendas sin un objetivo de utilidad social garantizado? ¿Quién podría oponerse al generalizado deseo de enriquecimiento mediante la revalorización de las viviendas en un mercado propenso a la especulación? 

El desajuste entre los precios de la vivienda y las rentas familiares persiste por encima de los cambios sociales, económicos o políticos que se van produciendo. Es un problema sobre el que se ha legislado mucho, pero ha faltado voluntad política para combatir sus raíces. ¿Porque sería ir contra los propios intereses o porque entrañaría un excesivo coste político?

La carestía de la vivienda comienza por el suelo, las prácticas especulativas han sido permitidas, cuando no favorecidas, y el deseo de obtener plusvalías a través de la vivienda es una aspiración general. Quizás la desaparición de la especulación del suelo no sería un remedio suficiente, pero para avanzar en el derecho a la vivienda será imprescindible atender al artículo 47 de la CE: “… Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”

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 (*) Vinuesa, J. (2013) El festín de la vivienda. Auge y caída del negocio inmobiliario. Díaz @ Pons, Madrid, 116 p

¿Hasta cuándo nos va a sorprender la evolución demográfica?

 A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 

Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio.

La dinámica demográfica no es la causa, es la consecuencia.

 

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. 

Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones.

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios.

¿Por qué solo vemos los problemas de la despoblación?

 Cada comarca tiene características diferenciadoras derivadas del medio natural y de las oportunidades que ofrecen un conjunto de factores que interactúan con la dinámica de la población que lo habita así como con el modo en que se distribuyen los asentamientos humanos. Todos estos factores locales, junto con otros de carácter supralocal, como la evolución de la economía o de los hábitos sociales, y de la mano de las nuevas posibilidades que van ofreciendo los avances tecnológicos, inciden en la configuración de la redistribución espacial de la población a lo largo del tiempo.

Se está utilizando profusamente expresiones como “España vacía” y, peor aún, “España vaciada” para denunciar la situación de algunas comarcas cuando sus débiles y menguantes densidades de población no permiten alcanzar los umbrales mínimos de demanda, que se precisan para que sean viables los equipamientos y servicios necesarios para garantizar una razonable calidad de vida. Se culpa de ello al proceso de urbanización: a la “voracidad” de las grandes aglomeraciones urbanas, que absorben para sí la población de otros muchos territorios a los que “van dejando vacíos”. 

En este análisis simplista y sesgado de la realidad, se parte de un principio “poblacionista”: la pérdida de habitantes, la despoblación de cualquier territorio es algo negativo “per se”. ¿Por qué se ignora que cualquier territorio tiene valor por sí mismo? La extrema debilidad de la densidad de población, la despoblación total de un territorio, es una consecuencia de su capacidad de acogida y puede tener efectos muy positivos si se considera la valía de sus componentes naturales hoy y, especialmente, para el futuro.

¿Por qué se desprecia el valor que tienen muchos de esos territorios despoblados que apenas han sido deteriorados por la acción humana al haber quedado al margen del “desarrollo”? Lo realmente importante es que haya equilibrio entre la capacidad de acogida de un territorio y el uso que la sociedad haga de él y conservarlo en su estado natural no tiene que ser necesariamente una mala opción.

¿Por qué tampoco se valoran las oportunidades que encuentran en la ciudad los que protagonizan la despoblación?  Desde la postguerra hasta mediados de los años 70 se produjo el mayor éxodo rural vivido en todas nuestras regiones. Los millones de personas que abandonaron el medio rural para incorporarse a las ciudades han sido parte fundamental de los avances de todo tipo que se han producido desde entonces en España

¿Por qué llaman “reto demográfico” a la despoblación?

 Desde el Gobierno se describe “el reto demográfico de la despoblación” con unos cuantos porcentajes que confirman la tendencia a la concentración en las grandes áreas urbanas. El uso de indicadores demográficos ha sido tradicionalmente un recurso eficaz: los datos de población son de fácil manejo y por su aparente obviedad soportan cualquier tipo de aseveración sin requerir mayores argumentos. Pero la despoblación no es el reto, es sólo una de las consecuencias de nuestra estructura territorial. Es oportuno preguntarse qué tipo de deficiencias sociales e institucionales conducen a que se diagnostiquen procesos territoriales de una gran complejidad y larga trayectoria sólo a través de algunos de sus síntomas.

El reto será corregir los desequilibrios entre territorios. Desde que se inició la fase más dinámica del proceso de urbanización de la población española se han ido agravando los desequilibrios regionales. Los Planes de Desarrollo contribuyeron de facto a la consolidación de un modelo en el que siempre se ha antepuesto la eficiencia económica a la equidad territorial. Apaciguado el éxodo rural que se había vivido en España, a partir de los años 80 se consolidan las actitudes localistas de los poderes públicos que, ante la posibilidad de perder autonomía, se muestran refractarios a las ideas de cooperación y coordinación interterritorial. No ha existido voluntad política de acometer actuaciones de planificación territorial dirigidas al gran reto pendiente de conseguir una red de asentamientos más equilibrada, funcional y sostenible. 

¿Por qué se sigue insistiendo en el mensaje demagógico de que la despoblación es sólo la consecuencia del “abusivo” poder de atracción de las grandes ciudades? 

¿Será posible que, tras una inercia de muchos decenios, pueda revertirse la despoblación de tantos ámbitos sólo a base de despilfarrar fondos públicos? La utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas no será eficaz; habrá que mirar a largo plazo e imaginar nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías. Habrá que actuar sobre los factores de localización, esos que llevan a las personas a elegir el lugar en el que desean vivir, pero teniendo en cuenta que el reto es mejorar la estructura territorial para reducir los desequilibrios entre territorios. Después, el modo en el que la población se distribuya sobre el territorio seguirá siendo sólo una consecuencia

La población flotante es un reto que excede ampliamente lo demográfico

 El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.

Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales. 

Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil. 

La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial. 

¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? ¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable?

¿Existen soluciones para la despoblación?

 En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público y ni siquiera útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. 

OTRO ENFOQUE PARA LA ESPAÑA DESPOBLADA

Artículo publicado en El Mundo el 20 de febrero de 2020 

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LA DESPOBLACIÓN COMO PROBLEMA

Algo de luz sobre un tema muy manipulado 

No es la primera vez, ni será la última, en que un proceso demográfico, ignorado durante decenios, pasa a ocupar la atención de los políticos y a estar muy presente en los medios. La despoblación de amplias zonas de España no es un proceso nuevo, tampoco ha adquirido especial intensidad ni se han agravado sus consecuencias en los últimos años. Solo ha cambiado el interés por llevarlo como acuciante problema al debate político donde es persistentemente manipulado con enfoques sospechosamente coincidentes. Hay un marcado empeño por suscribir el horror a la “España vacía” y en otros casos, queriendo ir más lejos en la manipulación, se habla de la “España vaciada”, enfocándolo hacia la existencia de culpables y víctimas.

No es desdeñable la idea de vincular el interés político con el mayor valor de los votos en estas circunscripciones de debilitada demografía. Como se sabe, a efectos de obtener escaños en las Cortes, son mucho más rentables los votos de las circunscripciones con menos población, por lo que crece el interés sobre ellas en los períodos electorales y en situaciones, como la actual, de parlamentos muy fragmentados. Pero esta manipulación no le resta relevancia a la despoblación de ciertas zonas como uno de los síntomas del proceso de redistribución territorial de la población de España. 

Como tantas otras veces es necesario reclamar que se trate con el rigor que merecen un tema de tanta trascendencia como el de la distribución espacial de la población y su interacción con las estructuras territoriales. En el artículo de Mario Escribano en eldiario.es se arroja algo de luz al respecto. 

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¿POR QUÉ LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EVITAN CONOCER LA REALIDAD SOCIAL?

Hace años que vengo denunciando la injustificable falta de información y conocimiento sobre algunos aspectos básicos de la realidad social, muy especialmente en lo relativo a la vivienda. Disponer de sistemas de información sobre vivienda, suministradores de información y con herramientas de análisis espacial e inteligencia artificial es la primera condición necesaria para que desde los poderes públicos se pueda diseñar y aplicar medidas más eficaces para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible para todos los ciudadanos.

La creación de sistemas de información digitalizada y georreferenciada que permitan generar conocimiento riguroso y útil, más que una posibilidad es una responsabilidad inexcusable para todas las administraciones, máxime cuando, con el empleo de herramientas de big data e inteligencia artificial, empresas privadas están realizando avances enormes en el control del conocimiento de la realidad social con intereses particulares. 

No hay justificación técnica para que las Administraciones Públicas no dispongan y pongan a disposición de los ciudadanos y de los diferentes agentes sociales y económicos la información necesaria para una mayor transparencia sobre el uso del parque residencial y un mejor funcionamiento de los mercados de vivienda. 

Los recursos que cualquier administración pueda poner al servicio de este sistema de información, nunca llegarían a representar más que una ínfima parte del presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Capacidad y recursos hay, sólo falta voluntad política.

Considero muy recomendable la lectura del oportuno artículo del Profesor Montalvo en La Vanguardia el 9 de 11 de 2019

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120 horas de diálogos sobre conflictos urbanos en La Casa Encendida

En la primavera de 2010 el grupo Territorio Racional y Sostenible y La Casa Encendida iniciamos una serie de ciclos de mesas redondas para reflexionar y debatir a cerca de la necesidad de una utilización más racional y sostenible del territorio. Hasta el momento se han celebrado 60 sesiones en las que han participado cerca de 200 expertos. Nuestro propósito ha sido analizar conflictos y difundir ideas a favor de una utilización más racional del territorio, porque creemos que los usos que se le están dando no responden a criterios de equidad, de cohesión social, de eficiencia económica y son contrarios a la sostenibilidad.

Es necesario cambiar el modelo de desarrollo urbano

En 2010 teníamos ante nosotros una larguísima muestra de los muchos despropósitos territoriales y urbanísticos cometidos especialmente durante los años de la burbuja. Eran y son la irrefutable constatación de un modelo de desarrollo urbano que entiende el urbanismo sólo como negocio, como oportunidad de obtener grandes plusvalías, como dinamizador de la economía y no como la forma de hacer política para mejorar la vida de los ciudadanos, preservar el medio ambiente y proteger el territorio como recurso necesario y limitado. Escandaliza, con razón, la “corrupción urbanística” pero es necesario subrayar que es más grave la “corrupción del urbanismo”.

Estamos ante un modelo de desarrollo urbano en el que las estrategias empresariales, solo guiadas por la rentabilidad económica, están normalmente respaldados por unos poderes políticos y una sociedad que en su conjunto son, cuando menos, complacientes. En la primera sesión de estos ciclos, que titulamos “Educar en defensa del territorio”, Fernando de Terán nos recordaba que la gravedad del tema radica en que se hace “…una planificación que conduce a un desastre urbanístico y ello se está haciendo dentro de la legalidad”. En una de sus intervenciones en otro de nuestros ciclos, Eduardo Mangada señalaba que “…estamos en un momento de degradación de la cultura urbanística, en un momento de mercantilización de la ciudad, la ciudad transformada en mercancía en lugar de la ciudad como espacio de convivencia…”.En otra de las sesiones José Antonio Corraliza nos reconocía que proponer la racionalidad en el uso del territorio es “atrevido” pero imprescindible porque, como demuestra la Historia, la libertad incondicional en la utilización de “… los recursos comunes resulta ser la ruina para todos”. 

En repetidas ocasiones se ha puesto el dedo en la yaga de los “nuevos desarrollos” de la ciudad de Madrid. Se han cuestionado desde diversas perspectivas, por su afán de agotar la capacidad del municipio, pero también por su forma de concebir la ciudad. Carlos Lasherasexplicó muy claramente diversos aspectos técnicos sobre su insostenibilidad y lo difícil que le resulta, cuando va a estos barrios, sentirse “…en una ciudad y … reconocer la ciudad de Madrid”.  Sobre la necesidad del cambio de modelo de desarrollo urbano, Verónica Sánchez (n’UNDO) advirtió que “… no se trata de construir las ciudades del futuro, creemos que el problema que tenemos ahora mismo es construir futuro para nuestras ciudades”.

Es necesaria otra política de vivienda 

Buena parte de ese futuro dependerá de cómo se afronte el sempiterno problema de la vivienda, al que hemos dedicado varios ciclos. En un sistema residencial como el que tenemos, con un predominio abrumador de la vivienda en propiedad, se produce una muy fuerte supeditación a las reglas del mercado que, entre otros, deja postergados principios tan importantes como la función social de la propiedad. La debilidad del mercado de alquiler y su encarecimiento son algunos de los rasgos más negativos. Fernando Encinar, cofundador de idealistas.com defendió que “…un mercado fuerte de alquiler, que haya millones de personas que viven de alquiler, que haya un mercado muy dinámico y saneado…” cambiaría la sociedad. 

En el ciclo de 2019, Elena Beunza, como responsable estatal de vivienda, dialogando sobre la necesidad de una nueva política, subrayó que lo “realmente importante es establecer un nuevo régimen jurídico en materia de vivienda en España”. Unos años antes, desde la perspectiva de las asociaciones de vecinos, María Roces defendió su opinión sobre la falta de una auténtica política de vivienda “lo que ha habido es política ligada al negocio inmobiliario”. El problema de vivienda se manifiesta en el ámbito local pero tal como advirtió Javier Burón “ni siquiera las ciudades más ricas y con gobiernos más o menos progresistas, pueden ganar la batalla de la vivienda solas”. Aunque la causa mas evidente del problema es la elevación de los precios, especialmente de los alquileres, hemos ampliado el debate a otros elementos del sistema residencial, tales como la dinámica sociodemográfica, la situación económica, la normativa urbanística y sobre vivienda, o la estructura del parque residencial y su utilización. El problema no es tanto la escasez como la inadecuación.

Más accesibilidad con menos coches

Tenemos también que cambiar la forma de movernos por las ciudades y como señaló Alfonso Sanz (Gea21) hay que partir de la transformación de “un urbanismo pensado desde el parabrisas, desde las necesidades del automóvil”. En algunos de los últimos ciclos hemos buscado propuestas para otro modelo que, garantizando la accesibilidad, sea respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente. En ese sentido, Felipe Fernández (UAM) recordó que “la contaminación atmosférica afecta de forma directa a la salud de los habitantes de las ciudades y, básicamente, depende de las emisiones procedentes del tráfico”. Sobre la necesidad de un modelo más equitativo en el uso del espacio público, Alejandro del Castillo (n’UNDO) insiste en que “las ciudades están hechas sobre la prevalencia del automóvil privado” y propone que “la solución está en recuperar la ciudad que el coche ha roto y ha fragmentado”. Dialogando sobre cómo recuperar el espacio ocupado por el coche, Carlos Verdaguer (Gea21) recuerda que, tras el automóvil, la nueva redistribución de usos del espacio urbano habrá de hacerse mediante “un modelo en el que deseos y necesidades se consensuen colectivamente”.

Una sociedad más implicada en los cambios

La preocupación por la implicación de la ciudadanía en los cambios de modelo ha sido una constante en todos nuestros ciclos de Diálogos en La Casa Encendida. Pensamos que los cambios no se producirán sin movimientos ciudadanos fuertes y decididos y para ello es muy necesario difundir el conocimiento de los valores culturales y ambientales del territorio. En el ciclo que dedicamos a la revisión del Plan General de Madrid, José Luis Infanzón, director del Plan, defendió que en la planificación “no hay nada exclusivamente técnico, si hablamos de Madrid, hablamos de la ciudad, hablamos de la “polis” y todo lo que se refiere a la "polis"  es política, es un tema de los ciudadanos”. Ya en algunas de las primeras sesiones José María Ezquiaga (UPM) reclamó la “necesaria reconstrucción del vínculo entre el urbanismo y la sociedad”. Por otra parte, el filósofo José Segovia, presente en casi todos nuestros ciclos, insistía rotundamente en la necesidad de la implicación de la sociedad: “No hay nada que tranquilice más a los gobiernos que una sociedad descerebrada, descabezada, sin leguaje, el que no tiene lenguaje no piensa y el que no piensa no critica, se somete”. Desde la perspectiva del Derecho, Jorge Agudo(UAM) reclamaba la necesidad de “…tomarnos en serio la información pública. El ciudadano tiene que ir a decir lo que piensa y tiene que ser considerado”. 

Los diez ciclos ya realizados, como los que se puedan desarrollar en el futuro, se inscriben dentro de una decidida acción de difusión ante la necesidad de la implicación social. En enero de 2020 comenzará en La Casa Encendida el ciclo XI de Diálogos sobre conflictos urbanoscon “25 preguntas sobre el futuro de Madrid” y, como en ediciones anteriores, expertos profesionales, académicos, responsables políticos… debatirán sobre la necesidad de consensuar los cambios en los modelos de desarrollo urbano, las políticas de vivienda y la movilidad en nuestras ciudades.