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miércoles, 30 de octubre de 2019

120 horas de diálogos sobre conflictos urbanos en La Casa Encendida


En la primavera de 2010 el grupo Territorio Racional y Sostenible y La Casa Encendida iniciamos una serie de ciclos de mesas redondas para reflexionar y debatir a cerca de la necesidad de una utilización más racional y sostenible del territorio. Hasta el momento se han celebrado 60 sesiones en las que han participado cerca de 200 expertos. Nuestro propósito ha sido analizar conflictos y difundir ideas a favor de una utilización más racional del territorio, porque creemos que los usos que se le están dando no responden a criterios de equidad, de cohesión social, de eficiencia económica y son contrarios a la sostenibilidad.
Es necesario cambiar el modelo de desarrollo urbano
En 2010 teníamos ante nosotros una larguísima muestra de los muchos despropósitos territoriales y urbanísticos cometidos especialmente durante los años de la burbuja. Eran y son la irrefutable constatación de un modelo de desarrollo urbano que entiende el urbanismo sólo como negocio, como oportunidad de obtener grandes plusvalías, como dinamizador de la economía y no como la forma de hacer política para mejorar la vida de los ciudadanos, preservar el medio ambiente y proteger el territorio como recurso necesario y limitado. Escandaliza, con razón, la “corrupción urbanística” pero es necesario subrayar que es más grave la “corrupción del urbanismo”.
Estamos ante un modelo de desarrollo urbano en el que las estrategias empresariales, solo guiadas por la rentabilidad económica, están normalmente respaldados por unos poderes políticos y una sociedad que en su conjunto son, cuando menos, complacientes. En la primera sesión de estos ciclos, que titulamos Educar en defensa del territorio, Fernando de Terán nos recordaba que la gravedad del tema radica en que se hace “…una planificación que conduce a un desastre urbanístico y ello se está haciendo dentro de la legalidad”. En una de sus intervenciones en otro de nuestros ciclosEduardo Mangada señalaba que “…estamos en un momento de degradación de la cultura urbanística, en un momento de mercantilización de la ciudad, la ciudad transformada en mercancía en lugar de la ciudad como espacio de convivencia…”.En otra de las sesiones José Antonio Corraliza nos reconocía que proponer la racionalidad en el uso del territorio es “atrevido” pero imprescindible porque, como demuestra la Historia, la libertad incondicional en la utilización de “… los recursos comunes resulta ser la ruina para todos”. 
En repetidas ocasiones se ha puesto el dedo en la yaga de los “nuevos desarrollos” de la ciudad de Madrid. Se han cuestionado desde diversas perspectivas, por su afán de agotar la capacidad del municipio, pero también por su forma de concebir la ciudad. Carlos Lasherasexplicó muy claramente diversos aspectos técnicos sobre su insostenibilidad y lo difícil que le resulta, cuando va a estos barrios, sentirse “…en una ciudad y … reconocer la ciudad de Madrid”.  Sobre la necesidad del cambio de modelo de desarrollo urbano, Verónica Sánchez (n’UNDO) advirtió que “… no se trata de construir las ciudades del futuro, creemos que el problema que tenemos ahora mismo es construir futuro para nuestras ciudades”.
Es necesaria otra política de vivienda 
Buena parte de ese futuro dependerá de cómo se afronte el sempiterno problema de la vivienda, al que hemos dedicado varios ciclos. En un sistema residencial como el que tenemos, con un predominio abrumador de la vivienda en propiedad, se produce una muy fuerte supeditación a las reglas del mercado que, entre otros, deja postergados principios tan importantes como la función social de la propiedad. La debilidad del mercado de alquiler y su encarecimiento son algunos de los rasgos más negativos. Fernando Encinar, cofundador de idealistas.com defendió que “…un mercado fuerte de alquiler, que haya millones de personas que viven de alquiler, que haya un mercado muy dinámico y saneado…” cambiaría la sociedad. 
En el ciclo de 2019, Elena Beunzacomo responsable estatal de vivienda, dialogando sobre la necesidad de una nueva política, subrayó que lo “realmente importante es establecer un nuevo régimen jurídico en materia de vivienda en España”. Unos años antes, desde la perspectiva de las asociaciones de vecinos, María Roces defendió su opinión sobre la falta de una auténtica política de vivienda “lo que ha habido es política ligada al negocio inmobiliario”. El problema de vivienda se manifiesta en el ámbito local pero tal como advirtió Javier Burón “ni siquiera las ciudades más ricas y con gobiernos más o menos progresistas, pueden ganar la batalla de la vivienda solas”. Aunque la causa mas evidente del problema es la elevación de los precios, especialmente de los alquileres, hemos ampliado el debate a otros elementos del sistema residencial, tales como la dinámica sociodemográfica, la situación económica, la normativa urbanística y sobre vivienda, o la estructura del parque residencial y su utilización. El problema no es tanto la escasez como la inadecuación.
Más accesibilidad con menos coches
Tenemos también que cambiar la forma de movernos por las ciudades y como señaló Alfonso Sanz (Gea21) hay que partir de la transformación de “un urbanismo pensado desde el parabrisas, desde las necesidades del automóvil”. En algunos de los últimos ciclos hemos buscado propuestas para otro modelo que, garantizando la accesibilidad, sea respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente. En ese sentidoFelipe Fernández (UAM) recordó que “la contaminación atmosférica afecta de forma directa a la salud de los habitantes de las ciudades y, básicamente, depende de las emisiones procedentes del tráfico”. Sobre la necesidad de un modelo más equitativo en el uso del espacio público, Alejandro del Castillo (n’UNDO) insiste en que “las ciudades están hechas sobre la prevalencia del automóvil privado” y propone que “la solución está en recuperar la ciudad que el coche ha roto y ha fragmentado”. Dialogando sobre cómo recuperar el espacio ocupado por el coche, Carlos Verdaguer (Gea21) recuerda que, tras el automóvil, la nueva redistribución de usos del espacio urbano habrá de hacerse mediante “un modelo en el que deseos y necesidades se consensuen colectivamente”.
Una sociedad más implicada en los cambios
La preocupación por la implicación de la ciudadanía en los cambios de modelo ha sido una constante en todos nuestros ciclos de Diálogos en La Casa Encendida. Pensamos que los cambios no se producirán sin movimientos ciudadanos fuertes y decididos y para ello es muy necesario difundir el conocimiento de los valores culturales y ambientales del territorio. En el ciclo que dedicamos a la revisión del Plan General de Madrid, José Luis Infanzón, director del Plan, defendió que en la planificación “no hay nada exclusivamente técnico, si hablamos de Madrid, hablamos de la ciudad, hablamos de la “polis” y todo lo que se refiere a la "polis"  es política, es un tema de los ciudadanos”. Ya en algunas de las primeras sesiones José María Ezquiaga (UPM) reclamó la “necesaria reconstrucción del vínculo entre el urbanismo y la sociedad”. Por otra parte, el filósofo José Segoviapresente en casi todos nuestros ciclos, insistía rotundamente en la necesidad de la implicación de la sociedad: “No hay nada que tranquilice más a los gobiernos que una sociedad descerebrada, descabezada, sin leguaje, el que no tiene lenguaje no piensa y el que no piensa no critica, se somete”. Desde la perspectiva del Derecho, Jorge Agudo(UAM) reclamaba la necesidad de “…tomarnos en serio la información pública. El ciudadano tiene que ir a decir lo que piensa y tiene que ser considerado”. 
Los diez ciclos ya realizados, como los que se puedan desarrollar en el futuro, se inscriben dentro de una decidida acción de difusión ante la necesidad de la implicación social. En enero de 2020 comenzará en La Casa Encendida el ciclo XI de Diálogos sobre conflictos urbanoscon “25 preguntas sobre el futuro de Madrid” y, como en ediciones anteriores, expertos profesionales, académicos, responsables políticos… debatirán sobre la necesidad de consensuar los cambios en los modelos de desarrollo urbano, las políticas de vivienda y la movilidad en nuestras ciudades.

domingo, 10 de marzo de 2019

LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO RESIDENCIAL: TURISTIFICACIÓN Y GENTRIFICACIÓN

21 DE MARZO DE 2019, A LAS 19:00

TERCERA SESIÓN DEL CURSO 
DIÁLOGOS SOBRE CONFLICTOS URBANOS

en La casa Encendida, Ronda de Valencia 1
Sala Audiovisual, planta -1 

Entrada libre hasta completar aforo


LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO RESIDENCIAL: TURISTIFICACIÓN Y GENTRIFICACIÓN 

La ciudad experimenta constantes transformaciones y el espacio urbano es ocupado de acuerdo con las leyes del mercado. Sin un planeamiento urbanístico que aplique criterios de racionalidad y de defensa del interés general frente a los intereses privados, se producen disfuncionalidades y procesos de exclusión. La diversidad y la heterogeneidad son virtudes fundamentales de la ciudad, pero a su vez demandan medidas que, regulando los usos del espacio urbano, corrijan los desequilibrios y favorezcan la cohesión social.
La “gentrificación” o la “turistificación” son algunas de las formas actuales de los procesos de segregación y diferenciación social y económica del espacio, que tienden a producir ámbitos excluyentes y desequilibrios territoriales, pero más allá de la descripción de sus efectos y de las propuestas de medidas paliativas, es conveniente centrar la atención en combatir las causas que las generan. 
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Moderará la sesión JULIO VINUESA ANGULO


Participarán:

GAIA REDAELLI
Doctora arquitecta por el Politecnico de Milán, desde 2003 vive y trabaja entre Córdoba y Milán. Miembro del Grupo de Investigación “Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos” de la Universidad de Sevilla. Es docente en varios master internacionales. Directora General de Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (2012-2015). Es impulsora del programa "La ciudad amable" con acciones de formación, creación y difusión sobre espacio público (best practice ONU-Habitat 2014 y finalista BEAU 2016). Es impulsora, co-fundadora y Presidenta de PAX – Patios de la Axerquía, estrategia de reactivación urbana y reutilización de casas-patio con procesos cooperativos como medida anti-gentrificación en el casco histórico de Córdoba. En 2018 realiza un estudio para el Ayuntamiento de Barcelona sobre políticas anti-gentrificación en ciudades europeas. Su obra ha recibido varios premios internacionales y ha sido publicada en revista de prestigio como Abitare, Domus, Casabella. es autora de multitud de libros y artículos en revistas científicas.


PEDRO BRAVO 
Periodista y escritor. Escribe en Eldiario.es y otros medios sobre cuestiones urbanas y forma parte de una cooperativa dedicada a la comunicación de asuntos sociales y medioambientales llamada Soulandia. Además de una novela: “La opción B” (Temas de Hoy, 2012)), ha escrito un ensayo sobre los beneficios del uso de la bicicleta en las ciudades “Biciosos” (Debate, 2014) y acaba de publicar “Exceso de equipaje” (Debate, 2018), un libro que se pregunta sobre las causas y consecuencias del crecimiento turístico en todo el mundo.





DANIEL SORANDO

Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor asociado del Departamento de Sociología Aplicada. Sus temas de investigación son la desigualdad social en las ciudades contemporáneas, la segregación residencial y los procesos de gentrificación. Coautor del libro "First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades", que aborda de forma integral el fenómeno de la gentrificación, así como de diversos artículos científicos y capítulos de libro. Además, ha trabajado para diferentes administraciones públicas en el estudio de la situación social de las personas jóvenes. 

viernes, 19 de octubre de 2018

Sí es posible estudiar la vivienda vacía

ESPACIO COMÚN Cooperativa Andaluza de Trabajo no lucrativaha presentado el informe sobre vivienda deshabitada en Málaga. Interesante documento por su metodología, por la información que aporta y, sobre todo, por su utilidad a efectos de aplicar medidas para un mejor uso del parque inmobiliario.



domingo, 29 de julio de 2018

La vivienda vacía: un concepto jurídico indeterminado


El nuevo Ministro de Fomento, José Luis Ávalos, anunció, a los pocos días de su toma de posesión, la intención de reorientar la política de vivienda. Nuevamente vuelve a aflorar a escala estatal la necesidad de ver qué ocurre con la “vivienda vacía”. En los medios aparecen referencias a las medidas que el Gobierno está estudiando aplicar.





Según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, Fomento quiere aumentar la penalización a los propietarios y titulares de bienes inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual ni estén alquilados. En estos momentos, a los dueños de una casa desocupada se les imputa en la declaración un 1,1% del valor catastral (el 2% si este no se ha actualizado en los últimos 10 años), un porcentaje que el ministerio estudia aumentar al 5%.                                                                      (ir al artículo)


Reproduzco a continuación algunos párrafos de un libro que autoeditamos hace más de 10 años, haciendo público así un informe que nos había encargado el Ministerio de Vivienda. El estudio tenía entre sus objetivos la elaboración de propuestas sobre medidas a aplicar para favorecer la optimización de la utilización del parque residencial con criterios sociales, económicos, urbanísticos y territoriales. 


“…cualquier medida legislativa sobre el derecho de uso de la vivienda o sobre su fiscalidad necesita una definición clara e inequívoca del objeto de actuación. …
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su art.72.4 dice:  “Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, … los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto. ...”
Así pues, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto, pero para ello se requiere del correspondiente desarrollo reglamentariopor parte del Ministerio de Economía y Hacienda que determine qué es una vivienda desocupada, dando así cobertura al preceptivo acto administrativo por el que se declara que una vivienda está desocupada.
El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, declaraba a los medios de comunicación que “la definición de vivienda desocupada es un concepto jurídicamente indeterminado que cubre muchos tipos de situaciones, ya que por piso vacío se puede considerar desde una segunda residencia hasta una vivienda que alguien que traslada su domicilio a otro lugar la mantiene porque vuelve a ella con cierta periodicidad”.… En la respuesta dada por el Ministerio de Vivienda, el 17 de septiembre de 2007, a una pregunta del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, se indica que no existe plazo previsto para un eventual desarrollo reglamentario, al no contemplarse como prioritario.

La Ley del Derecho a la Vivienda, de Cataluña define la vivienda vacía del siguiente modo:
“Vivienda vacía: la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución”.   
El Plan de Vivienda Vacía, que se viene aplicando en el País Vascodesde 2002 parte de esa estadística que permite detectar las viviendas vacías “gestionables” (aquellas “que llevan desocupadas más de un año ininterrumpido, no son utilizadas como segunda residencia y no se encuentran en oferta en el mercado”, localizadas en secciones urbanas.) . 
El Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna del Gobierno Vasco, en su Art. 89.2 dice: “Para determinar la falta de ocupación de una vivienda vacía o permanentemente desocupada la Administración tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes.
b) Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad.
c) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
d) Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
e) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.
f) Declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que tiene atribuidas las funciones de inspección en materia de vivienda y de los agentes de la autoridad en general.
g) Declaraciones de los vecinos próximos.
h) Negativa injustificada del titular de la vivienda de facilitar comprobaciones de la Administración cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que pueda fundamentarla y cuando consten además otros indicios de falta de ocupación”.

Los art 93 y 94 del citado anteproyecto se dedican también a la concreción del carácter de vivienda vacía:
“1. Constituyen el hecho imponible y deberá dar lugar a la declaración administrativa de vivienda desocupada a la que se hace referencia en el artículo 91.2 de esta Ley las viviendas situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las que no habite ninguna persona durante más de trescientos cincuenta días en el curso de un año, salvo que concurra las excepciones reguladas en el siguiente artículo.
2. Se entenderá que está desocupada la vivienda en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Permanecer sin habitantes registrados en el Padrón municipal de habitantes por el período establecido en el número anterior, dentro del ejercicio impositivo.
b) Que se compruebe dicha situación bien a través de los informes de agentes de autoridad derivados de visitas al inmueble, bien a través de los datos indiciarios de dicha situación relativos a consumos de suministros básicos como agua, electricidad y análogos. A este respecto se entenderá que la vivienda está en situación de desocupación cuando no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o cuando tenga consumos inferiores a los que se derivarían de su ocupación por el período establecido en el párrafo anterior, calculados en base a la media habitual de consumo por persona y por año. Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien en defecto de información más especifica podrá considerarse como desocupada aquella vivienda en la cual el consumo de agua sea inferior a 2,25 metros cúbicos por persona y año, y/o el consumo de electricidad sea inferior a 80 kilovatios/hora por persona y año, y/o el consumo de gas sea inferior a 6 metros cúbicos por habitante y año.
c) Los consumos descritos en la letra anterior podrán ser modificados reglamentariamente.
Artículo 94. Exenciones
Quedan exentos en todo caso del canon:
a) las viviendas cuyos titulares residan temporalmente fuera de su residencia habitual por razones laborales, de salud u otras que, en todo caso, deberán justificar documentalmente.
b) las viviendas que se encuentren alquiladas que, en todo caso, deberán justificar documentalmente esta circunstancia.
c) las segundas residencias que, en todo caso, deberán justificar documentalmente esta circunstancia.”

Como se ha podido constatar, los intentos realizados hasta ahora (algunos están en pleno proceso de trámite para su aprobación y puesta en práctica) chocan frontalmente con la dificultad real de establecer los criterios que permitan determinar con rigor y de manera universal la existencia de una vivienda vacía, como objeto de actuación administrativa.
Para que una vivienda pueda ser considerada vacía es necesario que no este siendo ocupada (según unos criterios de desocupación discutibles y de difícil verificación y fáciles de burlar) durante un determinado periodo de tiempo arbitrario, pero necesariamente largo. Básicamente, los criterios son la existencia de un hogar empadronado y ciertos consumos mínimos. Es fácil imaginar que estas iniciativas podrían provocar cambios de empadronamiento sin cambio real de residencia y consumos innecesarios.”



Por parte de la Administración Central no había vuelto a producirse ninguna iniciativa en este sentido y estaría muy bien que ahora se hiciese realidad, pero sería muy conveniente que se tuvieran en cuenta todas las experiencias anteriores y que efectivamente se le diese un enfoque diferente al tema. 

Lo primero debería ser generar la información necesaria para poder analizar en profundidad el fenómeno y diagnosticar, si es el caso, por qué hay tantas viviendas vacías y cuales serían realmente susceptibles de ser puestas a disposición de quienes necesitan un alojamiento digno y adecuado. No debería olvidarse que un componente fundamental de la “adecuación” es la localización de la vivienda (es muy prometedora a este respecto la tarea de Espacio Común con la elaboración de los estudios sobre vivienda vacía en Andalucía).

Sólo después llegará el momento de aplicar aquellas medidas que resulten operativas y sean realmente eficaces. 

No bastará con las medidas fiscales que requieren disposiciones legales con rango estatal, aunque algunas Comunidades Autónomas ya han legislado para poder sancionar a propietarios que sean personas jurídicas y que mantengan viviendas deshabitadas. En la noticia de El País de hoy, que encabeza esta nota, se habla de sanciones e ingresos para la Hacienda. Pero no se ha explicado suficientemente cuanto se va a invertir para resolver el problema. 

Son imprescindibles las medidas incentivadoras y de apoyo con el respaldo económico suficiente (inversión), que deberían partir preferentemente de las Administraciones Locales, que son las que más cerca viven el problema de la vivienda y mayor empeño deben poner en que se utilice adecuadamente el parque residencial, desde el principio de la función social de la propiedad, pero también en términos de eficiencia económica. 

En varias ocasiones hemos tratado estas cuestiones en el Blog. Se incluyen a continuación algunas referencias.

Ø  Hacia un inventario detallado de la vivienda vacía en Bilbao

Ø  Las viviendas vacías, un tema recurrente

Ø  La información relacionada con los datos de viviendas no es transparente porque no interesa que lo sea

Ø  ¿Se creará por fin un Registro Estatal de Viviendas Protegidas?

Ø  Importante declaración de los Defensores del Pueblo: sobre la vivienda pública en España

Ø  El gran despilfarro social de las viviendas desocupadas

domingo, 5 de marzo de 2017

El gran despilfarro social de las viviendas desocupadas





La sesión que organizamos en La Casa Encendida el 26 de febrero de 2015 se dedico a las viviendas desocupadas.



En diferentes ocasiones nos hemos referido al tema de la vivienda vacía, siendo especialmente interesante conocer los informes emitidos por la oficina del Defensor del Pueblo en relación con la Vivienda Pública. 

Tal como decíamos entonces, el escándalo de  la vivienda pública desocupada es consecuencia de una equivocada política de vivienda y una mala gestión del patrimonio durante decenios.



"Vivienda vacía y alquiler" en el Plan Estatal de Vivienda 2017-2020


Si nos atenemos a los enunciados de los planes y programas de diferentes Administraciones, parece que se va imponiendo la idea de que se debe abandonar el antiguo modelo de política de apoyo a la construcción de nueva vivienda.

Tras el periodo de Gobierno en funciones, en noviembre de 2016 el Ministerio de Fomento decidió prorrogar el Plan de Vivienda ante la imposibilidad, por razonas de tiempo y políticas, de tramitar el que correspondería al cuatrienio 2017-2020.

En la denominación del Plan 2013-2016, actualmente prorrogado, no aparece ninguna referencia a la construcción de nuevas viviendas: “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas”.    

Antes de que se prorrogase el Plan, el Grupo Popular en el Congreso registró  (25 de octubre de 2016) en la Comisión de Fomento una Proposición no de Ley en la que tras recordar la necesidad de aprobar “un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020, que articule nuevas ayudas a la vivienda, adecuado a la realidad actual”, se definen, entre otras las siguientes líneas de actuación:

1.     Potenciar las ayudas al alquiler de vivienda, para facilitar el acceso rápido al disfrute de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas con dificultades económicas.

2.     Potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, Empresas Publicas, Entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda, pueda ser ocupada por sectores de población más vulnerable.

Reconociendo  que puedan estar definiéndose más acertadamente los objetivos de la política de vivienda,  considerando la influencia que sobre ello puedan estar teniendo coyunturalmente los efectos de la burbuja, hay que seguir preguntando: ¿hasta cuándo va a seguir siendo "la vivienda" una competencia  del Ministerio de Fomento -de marcado carácter económico- en lugar de estar encuadrada en el ámbito de las políticas sociales? El problema de la vivienda en España no es desde hace muchos años una consecuencia de la escasez de oferta que obligue a fomentar la construcción.  El problema es de naturaleza social y la solución no son más ladrillos sino otras políticas de ayuda a las personas.  El problema está en un mercado excesivamente circunscrito a la compra, excesivamente caro y poco flexible, en el que la venta de viviendas, con fuertes repercusiones del precio del suelo (especulación), es el principal motor del negocio urbanístico.

La acción pública sobre la vivienda, para garantizar el derecho de todos a un alojamiento digno y adecuado, deberá gestionarse con los agentes sociales y no con los operadores inmobiliario.