(Publicado en territoriosostenible2011)
A
partir de las ideas expresadas en el planteamiento y en el desarrollo del Curso
“Hacia
un uso más racional y sostenible del territorio”, elaboramos estos dos Decálogos.El
primero presenta imputaciones
de irracionalidad que
pretenden ser la síntesis de un diagnóstico sobre los principales males que
aquejan al modelo de desarrollo urbano en España.El
segundo enumera propuestas sobre las principales medidas para
propiciar cambios en el modelo de desarrollo urbano, a partir de principios de
racionalidad, equidad, cohesión, eficiencia y sostenibilidad.Como el
resto del Blog, estos Decálogos son
una invitación que hacemos desde la Universidad a la reflexión y al debate y
quiere ser una llamada de atención al conjunto de la sociedad española: a los
ciudadanos, a los medios de información, a los poderes económicos y políticos,
todos responsables del uso que hacemos de nuestro territorio.
10 IMPUTACIONES DE IRRACIONALIDAD A UN MODELO
INSOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO.
I. El sector financiero ha alimentado
irresponsablemente el sector inmobiliario y la demanda de suelo y vivienda a
base de animar y facilitar el endeudamiento: la sociedad ha vivido con
complacencia una especie de proceso piramidal de falso enriquecimiento.
II. Hay decenas de miles de hectáreas de suelo
transformado sin necesidad y sin más “utilidad” previsible que las plusvalías
generadas. Durante el decenio 1998-2007 se han construido unos 6 millones de
viviendas, cuando las necesidades demográficas apenas llegan a los 3 millones:
en España hay más de 5 millones de viviendas vacías y más de un millón sin
vender.
III. El auge de nuestro modelo ha supuesto que
se haya construido más que nunca y que se hayan agravado las dificultades de
los jóvenes para acceder a un alojamiento digno y adecuado.
IV. Paradójicamente, la planificación ha sido
el principal instrumento para dar respaldo legal a crecimientos injustificables
y contrarios a la racionalidad. Muchas corporaciones locales se han sumado a
esa carrera desenfrenada para engrosar sus ingresos con el ladrillo, como si
ese pudiese ser un sistema de financiación perdurable: en España existe suelo
calificado para multiplicar varias veces el parque residencial actual.
V. El desarrollo inmobiliario y la
construcción, gracias a sus dimensiones económicas, son considerados como un
fin en sí mismo, mientras que es poco relevante la calidad del “espacio urbano”
que se crea: no se le da la menor importancia al despilfarro de territorio que
se transforma innecesariamente.
VI. La idea de que el crecimiento urbano y la
construcción de viviendas “son desarrollo” es un mito que nadie, desde las
esferas del poder, se ha atrevido a cuestionar e incluso, en los momentos de
recesión, se adoptan medidas anticíclicas: ningún responsable político de
cualquier signo o de cualquier nivel competencial se ha opuesto de forma
efectiva al despilfarro territorial y a la destrucción del paisaje, inherentes
a este modelo de desarrollo, pero todos ellos dicen estar a favor de la
sostenibilidad.
VII. Vivimos la paradoja institucional de un
alto nivel de regulación legal y de un importante déficit de Planes. La
ausencia de ordenación del territorio desde los gobiernos autonómicos, deja
todo en manos de los ayuntamientos, que deciden en función de intereses locales
y, ni las Comunidades Autónomas ni el Estado pueden controlar o tutelar de
forma eficaz las decisiones llevadas a cabo por las corporaciones locales: el
territorio padece la “tiranía de las pequeñas decisiones” tomadas a
microescala.
VIII. En España hay un alto grado de
indisciplina y un deficiente funcionamiento de la justicia: existen alrededor
de 750 altos cargos, funcionarios del ámbito político, vinculados a casos de
corrupción urbanística.
IX. Tenemos un escenario social en el que los
intereses codiciosos prevalecen sobre las ideas de equidad, cohesión social y
sostenibilidad: la sociedad española expresa valores ambientales pero no los
lleva a la práctica.
X. Este proceso de degradación tiene lugar
ante la indiferencia de la sociedad en su conjunto, cuando no con la decidida
colaboración de los poderes públicos y buena parte de la población en general:
la corrupción urbanística no suele suponer una disminución del voto a los
partidos políticos ni a los dirigentes culpables.
10 PROPUESTAS PARA CAMBIAR EL MODELO DE
UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO.
I. Hay que educar a los niños y a los jóvenes
en los valores del territorio y difundir conocimiento para sensibilizar a todos
los ciudadanos en el respeto al territorio, porque es un recurso natural
imprescindible, limitado e insustituible y es paisaje en el que se sustenta la
identidad cultural: sin la decidida participación de la sociedad no se
producirán los cambios necesarios.
II. Hay que trasladar a la sociedad las
ventajas de sustituir el modelo de crecimiento expansivo de las ciudades por
otro que ponga todo su empeño en la rehabilitación y la puesta en valor de los
espacios existentes: que el desarrollo urbano deseado por la sociedad sea
crecer en calidad y sólo en la dimensión necesaria.
III. No se puede mantener por más tiempo el
modelo de turismo-desarrollo inmobiliario que sólo busca objetivos económicos a
corto plazo; por codicioso, autodestructivo y causante de deterioros
territoriales irreversibles: hay que imponer un nuevo modelo que, respetando el
territorio, apueste por la calidad como principal garantía de pervivencia de
los dos principales sectores de la economía española.
IV. Como no cabe esperar que los municipios
actúen por encima de sus propios intereses y para racionalizar su actuación
urbanística es necesaria la ordenación del territorio: el Estado y las
Comunidades Autónomas han de definir pautas de ordenación y coordinación y
promover la cooperación intermunicipal desde una lógica supralocal.
V. Las Comunidades Autónomas deberán redactar
los planes territoriales o dictar medidas de aplicación inmediata para la
definición de límites y pautas racionales y sostenibles de crecimiento: es
imprescindible exigir la justificación de las dimensiones a los nuevos
desarrollos.
VI. No cabe esperar racionalidad y
sostenibilidad en el uso del territorio mientras la expansión urbana sea la
principal fuente de ingresos para los ayuntamientos: es necesario un nuevo
marco normativo que delimite con claridad las competencias y la financiación de
los ayuntamientos.
VII. La gobernanza del territorio exige
afrontar la unificación municipal bajo criterios de coordinación y cooperación
interterritorial: hay que propiciar la organización de conglomerados de
municipios, con posibilidades reales de planificación y gestión.
VIII. Para que los planes urbanísticos y
territoriales impongan los valores de equidad, cohesión social y sostenibilidad
en el territorio tendrán que ser más participados, más debatidos y más
discutidos. Sólo así se redactarán sobre principios éticos, para satisfacer las
necesidades reales de la población, y no sólo en defensa de intereses
económicos: los planes urbanísticos y territoriales, desde la perspectiva de un
desarrollo sostenible, deben ser la expresión de un compromiso recíproco entre
administraciones y ciudadanos, vigilantes de las políticas acordadas para su
territorio.
IX. Para que se produzca el necesario debate
sobre la ordenación y sobre la gestión del territorio habrá que disponer de las
herramientas que posibiliten la máxima accesibilidad a una información
completa, fiable, dinámica y puntual: las administraciones deben generar más
información y conocimiento y proceder a su difusión a través de las redes
sociales, promoviendo el diálogo participativo con los ciudadanos.
X. Se debe incentivar desde la universidad la
formación de profesionales que hablen un mismo lenguaje sobre el territorio,
que puedan debatir y compartir trabajos conjuntos con visión multidisciplinar:
hay que incrementar el conocimiento para hacer buenos diagnósticos y elegir las
mejores opciones para la transformación del territorio desde una perspectiva
técnica y ética.
