Entre las propuestas para combatir la natural carestía del mercado de la vivienda se defienden planteamientos muy diferentes. Desde el Sector Inmobiliario se suele argumentar que la rigidez y la lentitud de los procesos administrativos provocan escasez de oferta de suelo lo que eleva su precio, encareciendo así inevitablemente el de la vivienda. A pesar de que la historia ofrece ejemplos que niegan esa tesis, se reclama la eliminación de trabas para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Desde otros planteamientos se defiende que es el precio de la vivienda lo que determina el del suelo. El suelo se valora en función del precio de venta de lo que se puede construir sobre él. Se argumenta también que el mercado suele evolucionar por maniobras de especulación ajenas a las necesidades de vivienda. Se trata de un mercado poco transparente, propicio a situaciones de monopolio y de especulación, en las que los que necesitan una vivienda suelen verse urgidos por fases de rápido encarecimiento y mas que fijarse en “lo caro” que es lo que compran, actúan movidos por las expectativas de la revalorización de la inversión.
En el marco de la Constitución, que defiende el derecho a la propiedad privada y el principio de la función social de la propiedad, que la subordina al interés general, los propietarios procurarán legítimamente obtener siempre el mejor precio para lo que venden o la máxima rentabilidad a su inversión, dentro de los márgenes que en cada ámbito y en cada momento propicie el mercado.
La Constitución mandata a los poderes públicos para que regulen “… la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”, pero es un hecho que, tras casi medio siglo, no se han podido evitar los efectos de la “especulación” en los mercados de suelo y vivienda y ello ha contribuido a hacer inasequible el derecho a “…disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
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