La opinión general sobre como afrontar la necesidad de una vivienda se ha formado a partir de algunas ideas aparentemente incontrovertibles. Una de las más firmemente arraigadas es considerar que es imprescindible la compra de la vivienda, porque aunque suponga un excesivo esfuerzo financiero, además de dar seguridad, siempre será una buena inversión. No importa que se trate de un bien muy costoso y excesivamente caro, cuya compra exige un gran esfuerzo económico, nada adecuado para jóvenes con un empleo precario, e inabordable para las familias con economías más débiles.
Consecuentemente, está igualmente extendida la idea de que “alquilar es tirar el dinero”, por lo que la opción del arrendamiento suele ser considerada como un mal menor o una solución transitoria. Sólo las crisis financieras y económicas de los últimos quince años, la precariedad e inestabilidad en los mercados de trabajo y la dinámica sociodemográfica han hecho crecer la demanda del alquiler, para alcanzar niveles que siguen estando por debajo de la media europea, muy especialmente por lo que se refiere a la oferta de viviendas a precios asequibles.
La denominada “cultura de propiedad de los españoles” no es genética, fue creada en los años cincuenta y después favorecida por las políticas de vivienda durante los últimos setenta años. Todos los recursos públicos se han dirigido a facilitar la compra de las viviendas, mientras que no ha habido apoyos para el alquiler y hoy apenas pasan de propuestas en proceso de implantación.
El sector inmobiliario y la industria de la construcción se fueron desarrollando hasta tener una gran presencia en el PIB, estableciéndose también la idea de que la construcción de viviendas, los paisajes cuajados de grúas, son la expresión inequívoca del “desarrollo” y la prosperidad. También el sector financiero y las finanzas públicas han encontrado un interés cada vez mayor en el crecimiento del mercado de compraventa de vivienda.
No se pueden negar las ventajas individuales y sociales que comportan los altos porcentajes de hogares con vivienda en propiedad: por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la inmensa mayoría de los jubilados no tienen que comenzar por detraer una parte importante de su pensión para pagar el alquiler. Pero tampoco se puede obviar que, en torno a la obtención de plusvalías a través de la vivienda, se ha consolidado un mercado basado en la especulación, capaz de corromper el urbanismo y de encarecer injustificadamente la vivienda; y, sobre todo, se ha ido debilitando hasta casi su extinción el mercado de alquiler.
Se ha creado así un escenario poco propicio para la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Lo sustancial, la condición necesaria para resolver el problema, será un considerable aumento de la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles, pero a la vez habrá que desmontar el poderoso entramado social y económico que se ha creado para que resulte prácticamente obligatoria la compra de la vivienda. Es ocioso confrontar las ventajas e inconvenientes de comprar (ahorro, inversión, rigidez en el lugar de residencia …) frente a las de alquilar (pagar por un servicio, mayor libertad de cambio, adaptabilidad …).
La clave es crear la suficiente oferta de viviendas en alquiler asequible para que todos los hogares puedan ejercer dignamente el derecho a la vivienda, según sus necesidades. En lograr ese objetivo lo antes posible deberían concentrarse las acciones públicas y privadas, teniendo en cuenta que serán necesarias actuaciones coordinadas y mixtas, con un importante incremento de los recursos y con vocación de mantenimiento a lo largo del tiempo.
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