Hace unos 150 años Engels comenzó a teorizar sobre “el problema de la vivienda” y desde entonces no se han dejado de descubrir y redescubrir posibles soluciones, pero en ningún momento ni en ninguno de los países más avanzados se ha podido considerar plenamente atendido el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.
En España se vienen aplicando políticas desde los años cincuenta del siglo pasado con el objetivo de favorecer la construcción de viviendas e incentivar su compra y el resultado de ese modelo es un escasísimo parque público y una altísima proporción de propietarios, que durante decenios han visto como sus viviendas se revalorizaban y les “enriquecían”. La inmensa mayoría de los hogares españoles tiene en su vivienda unos importantes ahorros consolidados, con las numerosas ventajas individuales y colectivas que de ello se derivan.
Las viviendas se han convertido en una inversión muy rentable y segura y con ello se ha ido difuminando su condición de alojamiento de un hogar, que debería ser necesaria para justificar su existencia. Son el “producto estrella” del sector inmobiliario, que tiene un gran peso en la economía nacional y es generador de enormes plusvalías en el corto plazo.
Otra importante consecuencia del modelo seguido es que se ha consolidado un parque de vivienda caracterizado por una estructura de propiedad extremadamente fragmentada, con las dificultades que de ello pueden derivarse cuando se trata de implementar medidas (rehabilitación, regeneración urbana, control del uso o de los precios del alquiler…) que requieran de la participación de colectivos heterogéneos de propietarios
Complementariamente, la opción del alquiler no ha sido apoyada por las políticas de vivienda. Desde las normativas de “renta antigua” a la ausencia de apoyos fiscales, que sí han recibido los compradores, todo ha contribuido a hacer del alquiler algo residual, considerado como una mala solución (“alquilar es tirar el dinero”).
El resultado ha sido que el modelo que arrastramos desde mediados del siglo pasado no ha servido para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que la especulación ha contribuido al encarecimiento de un bien de por sí costoso e imprescindible. El problema de la vivienda se agrava aún más cuando divergen el precio de la vivienda y la capacidad de renta de los hogares, pero un proceso tan complejo como la evolución del sistema residencial no se resuelve con objetivos puntuales y “urgentes”, (“limitar los precios en zonas tensionados”, “ayudar a la emancipación de los jóvenes” …) eludiendo el estudio profundo de las causas. Si alguien quiere de verdad hacer frente al problema tendrá que afanarse en consensuar medidas a largo plazo entre fuerzas políticas, administraciones y agentes económicos y sociales. Los cambios habrán de comenzar por el suelo, por la optimización del uso del parque actual y por el objetivo urgente, pero a largo plazo, de crear un parque suficientemente amplio de viviendas en alquiler a precios asequibles
¿Alguien alguna vez, en algún lugar (el problema se manifiesta a nivel local), se atreverá a afrontar un cambio radical del modelo?
¿Por qué ni el cambio de régimen político, ni la alternancia de gobiernos con distintas ideologías han producido cambios sustanciales en el modelo durante los últimos setenta años?
