En 2017 el Ministerio de Hacienda había regulado la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, ahora el Tribunal Supremo ha dictado sentencia declarando nula esa obligación por no haberse cumplido con el precepto de comunicar su tramitación a la Comisión Europea.
La sentencia atiende al recurso presentado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y elimina la posibilidad de obtener de las plataformas información sobre la propia vivienda a través del número de referencia catastral; sobre las personas o entidades cesionarias y los beneficiarios; y sobre los días que ha estado alquilada y el precio.
La sentencia se fundamenta en un defecto de tramitación del Real Decreto 1070/2017, pero ello no menoscaba la necesidad de que se regule el alquiler turístico de viviendas, por los efectos muy negativos que puede tener al reducir la oferta y encarecer los precios de viviendas, cuya construcción fue autorizada por los respectivos ayuntamientos para satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada de los residentes.
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