La Constitución de 1978 estableció una nueva organización político-administrativa del territorio, descentralizando competencias en el ámbito regional y otorgando una mayor autonomía a los municipios. Quedó así consolidado un mapa de municipios y de provincias excesivamente fragmentado y se establecieron importantes desequilibrios en cuanto a la dimensión de las Comunidades Autónomas. Pero la mayor debilidad de esa organización del territorio es su escasa correspondencia con la realidad del sistema de ciudades. Estamos ante una sociedad nueva y muy dinámica, con criterios de localización residencial y hábitos de consumo diferentes. El mapa de delimitaciones y competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra a menudo en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las nuevas estadísticas de movilidad. El problema se hace evidente y exige estructuras administrativas ad hoc en los ámbitos de carácter metropolitano, que han ido surgiendo incluso en torno a las ciudades medias. Es urgente implementar formas específicas de organización territorial cuando se trata de ámbitos metropolitanos de alcance supra regional, como ocurre concretamente con Madrid. Estos desajustes se ven agravados por la ausencia de coordinación interadministrativa. Con frecuencia los gobiernos locales fijan sus estrategias con criterios de competitividad, despreciando las ventajas que aportaría la cooperación interterritorial.
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