El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones.
En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.
Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales.
Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil.
La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial.
¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? ¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable?
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