Al plantear supuestas medidas de vivienda, el predominio de los aspectos económicos es una constante a lo largo de nuestra historia, que hace olvidar su carácter social y, sobre todo, postergar las necesarias políticas en favor del alquiler asequible.
El peso del sector inmobiliario en el PIB y en la creación de empleo, así como su incidencia muy positiva en las finanzas locales, son argumentos de mucho peso a la hora de proponer medidas que "animen la demanda" y consecuentemente favorezcan la construcción y venta de viviendas.
La presidenta del Banco Santander ha anunciado que las entidades financieras proponen un acuerdo con el ICO para que éste conceda avales que faciliten la compra de vivienda a los jóvenes, al poder incrementar el importe de sus hipotecas.
La Asociación de Promotores (APCE) apoyan la medida con los siguientes argumentos:
- El Estado recaudaría casi 13.000 millones en dos años. 8.900 de impuestos directos y 4.000 de impuestos indirectos.
- Las promotoras incrementarán su facturación con la construcción de 330.000 viviendas, actuando como el motor de la recuperación tras la pandemia, generando 800.000 empleos, entre directos e indirectos.
- La medida podría beneficiar a un millón de jóvenes compradores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario