Tras la retirada por el gobierno del "Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015", antes de iniciar su trámite parlamentario, la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España (UAAU) y la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), han emitido un comunicado en el que solicitan que el citado Proyecto de ley “vuelva a ser tomado en consideración y aprobado en el menor plazo de tiempo posible”.
Indican que siendo necesaria una reforma de “una mayor profundidad” el proyecto retirado venía a “solucionar dos de los principales problemas que dificultan la necesaria mejora y actualización de los planes urbanísticos de nuestros pueblos y ciudades: la lentitud de su tramitación y, sobre todo, la indiscriminada nulidad de planes urbanísticos completos, que ha supuesto la paralización de la actividad urbanística y la regresión, en numerosas ciudades españolas, a planeamientos elaborados, en muchos casos, hace varias décadas.”
Creen también “…que la aprobación de la reforma, ahora interrumpida, supondrá un impulso a la redacción, tramitación y aprobación de una nueva generación de planes urbanísticos que incorporarán los valores y principios de la sociedad a la que sirven, basados en el desarrollo sostenible y sus tres dimensiones: consideración medioambiental, cohesión social y desarrollo económico”.
Señalan, por último, que la reforma de la Ley “es absolutamente necesaria para impulsar una actividad que, ante todo, garantiza la defensa del interés público a través de la adecuada planificación de las estrategias para una gestión inteligente y sostenible de las ciudades y territorios.”
Es difícil estar en desacuerdo con el comunicado de las “principales asociaciones profesionales de la planificación urbana en el Estado Español”, pero no por ello hay que dejar de recordar que la planificación urbanística sigue siendo heredera de los fundamentos de la Ley del Suelo 1956, redactada para una fase del desarrollo urbano que poco tienen que ver con la evolución de nuestras ciudades desde los años 90 y que es obviamente inadecuada para planificar las ciudades en el futuro. Es hora ya de afrontar el cambio de modelo que se viene reclamando desde hace decenios en los foros profesionales y académicos.
Felipe Iglesias dejaba muy clara la senda a seguir en un artículo publicado en Expansión hace poco más de dos meses:
“…el gran reto que tiene en la actualidad el sistema urbanístico español reside en superar el sistema de planificación urbana vigente que aboca a la congelación del planeamiento general vigente…”
“Resulta imprescindible, … establecer estrategias flexibles de adaptación del planeamiento a las cambiantes necesidades de la sociedad. Se propone aprobar planes estratégicos municipales que establezcan los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los futuros nuevos desarrollos urbanos y las actuaciones de regeneración urbana, que se aprobarían a través de planes ejecutivos. De esta forma, la definición de derechos y deberes urbanísticos no se establecería en el plan estratégico, sino en el plan ejecutivo. No debemos renunciar a planificar, pero sí a predecir el futuro. Un magnífico punto de partida para este nuevo modelo de planificación estratégica puede encontrarse en las agendas urbanas que están aprobando distintos municipios en el marco de la Agenda Urbana Española.”
Por último para salir del impasse en el que lleva atascado el urbanismo español desde hace decenios y para evitar que tengan que seguir produciéndose retiradas de textos legislativos como la que aquí comentamos, Felipe Iglesias recuerda que “este cambio de paradigma de la planificación debe hacerse desde el consenso de las Administraciones estatal, autonómicas y locales.”
Es imperativo garantizar seguridad jurídica al planeamiento urbanístico
JULIO VINUESA
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