¿Por qué se quiere ignorar que hay muchas situaciones de infravivienda en nuestras ciudades?

La Policía Municipal de Madrid, tras una denuncia de una familia que se considera estafada, descubre una vivienda pareada de 172 m2 que ha sido reconvertida en nueve “viviendas” de 12 m2, alquiladas por 500€/mes a otros tantos hogares, El “casero” ha hecho las obras sin licencia, ha ocupado espacio público y no declara los alquileres en Hacienda, entre otras ilegalidades. (ABC,28/08/2023).

Esta revelación, consecuencia indirecta de una denuncia por estafa, probablemente quedará sólo en una anécdota. Ha sido noticia porque resulta impactante la avaricia y el desprecio por la ley de este “casero”, que pone en el mercado de alquiler semejantes antros, impunemente y con indudable éxito económico. La noticia no llama tanto la atención por las insalubres e indignas condiciones de vida de los inquilinos.

Lamentablemente este caso no es una excepción. ¿Cuántas viviendas que no cumplen los mínimos legales de habitabilidad, superficie, ventilación… o en situación de hacinamiento, están siendo arrendadas en cualquiera de los barrios de Madrid o de otra gran ciudad?

Sin duda serán muchas, pero no hay constancia oficial de ello y no se quiere conocer esa realidad porque habría que darle solución de acuerdo con la ley. Falta voluntad política para que las administraciones públicas actúen a partir de:

1. Un riguroso conocimiento del parque de viviendas y del uso que se está haciendo de cada una.

2. Un exhaustivo control de los alquileres.

3. Capacidad de gestión para hacer que se cumplan las leyes.

4. Recursos para dar una respuesta digna y adecuada a las necesidades de vivienda.

Porque si, como exige la ley, se clausurase el tugurio al que hace referencia la noticia ¿Qué respuesta darían las administraciones a las familias que están resolviendo así su necesidad de alojamiento?

Otro aspecto lamentable del caso es que , según la noticia del periódico, el edificio está situado en la calle de Salvador Martínez por lo que se trata de viviendas de Promoción Oficial, construidas con dinero público en los años 80 en el barrio de Orcasur, dentro de la denominada Operación de Remodelación de Barrios. Las viviendas se vendieron a los antiguos moradores del barrio y el uso que se está haciendo de esta vivienda es un escandaloso ejemplo del fracaso de la política de venta de las promociones levantadas con dinero público.