Programa del XIII Curso Diálogos sobre Conflictos Urbanos en La Casa Encendida.

 Algunas reflexiones sobre los cambios de rumbo que necesitan nuestras ciudades

Del 9 de febrero al 16 de marzo 2022

I

¿Hasta cuándo nos va a sorprender la evolución demográfica?

 A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 

Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio.

La dinámica demográfica no es la causa, es la consecuencia.

 

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. 

Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones.

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios.

OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

 Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 

Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema?

¿Cómo y dónde estará el trabajo?

  La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia” de la vivienda. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas. ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? 

¿SERÁ EFICAZ BAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES POR DECRETO?

 

En algunas zonas urbanas de las regiones más dinámicas el mayor problema con la vivienda se manifiesta claramente en el desequilibrio entre sus precios y la capacidad de renta de los hogares que la necesitan. La escasez absoluta de viviendas ya no suele ser un problema, pero sí lo puede ser la no adecuación en razón de su localización, por deficiencias de habitabilidad o por otras características físicas y, siempre, porque el precio de las viviendas las haga inasequibles para amplias capas de la sociedad.

En los últimos tiempos la preocupación se centra sólo en los precios del alquiler. Su elevación es, en parte, consecuencia del crecimiento que ha experimentado la demanda, que en buena parte se debe al hecho de que la compra de una vivienda, que no hace muchos años era un hecho asociado a la emancipación, se ha convertido en algo inalcanzable para la inmensa mayoría de los hogares de jóvenes.

Cuando se propone como solución regular por ley los precios del alquiler en unas denominadas “zonas tensionadas” habría que comenzar por preguntar: ¿con qué criterios técnicos se definirían y se delimitarían esas zonas?

Según parece, lo que se pretende es atender la necesidad de los residentes de esas zonas que no pueden acceder a una oferta inasequible para ellos, regulando los precios a la baja, pero en este caso también hay que preguntarse si esos teóricos “nuevos alquileres más baratos” podrán atraer a demandantes de otras zonas más caras y que, con el precio topado, los arrendadores optarán por la mayor seguridad de los demandantes con unas rentas más elevadas. ¿Se ha pensado en los diferentes efectos segregadores que tendría poner otras “fronteras” al mercado de vivienda?

Al margen de otras muchas consideraciones que se puedan hacer en torno a las respuestas del mercado, habrá que explicar también cómo se justifica técnica y jurídicamente la determinación indiscriminada de los precios máximos autorizados por m2 para el parque residencial de la “zona”, cuando normalmente serán muy heterogéneo, por sus calidades y características y por sus diferentes precios en el mercado libre de compra venta.

Como ejemplo de las dificultades técnicas:  El MITMA creó en 2020 un Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, con datos de 2018, que podría ser un buen comienzo para llegar a conocer, con el rigor y el detalle necesarios, la evolución de los precios, pero, hasta hoy, además de sus limitaciones y del desfase temporal con que nacieron, no han vuelto a ser actualizados.

Quienes proponen este tipo de medidas también deberían explicar cómo solventar el agravio comparativo que supone que la norma fije distintos derechos de los arrendadores a uno y otro lado de los límites administrativamente establecidos: ¿habría distintas regulaciones para los alquileres en una y otra acera de la misma calle? 

Por último, continuando con aspectos de carácter operativo, debería explicarse ¿cómo van a controlar las administraciones locales el acuerdo privado del precio del alquiler entre dos particulares? Mientras no mejore la información y la capacidad de inspección de las administraciones para controlar las rentas percibidas por los propietarios de viviendas en alquiler: aún existe un fraude del 40%. ¿Cómo se van a evitar las numerosas prácticas que surgirían para burlar la norma? Todo parece indicar que la intervención de los precios, allí done se intente, no sería más que otro “parche”, ineficaz, si no contraproducente, para aliviar el problema de la vivienda. Es evidente que el problema es complejo y exige soluciones complejas que vayan a las causas que lo producen.

Publicado en Que Alguien nos lo explique el 28 de agosto de 2021

EL “PROBLEMA DE LA VIVIENDA” NO SE SOLUCIONARÁ SÓLO CON “PARCHES”

 

Hace unos 150 años Engels comenzó a teorizar sobre “el problema de la vivienda” y desde entonces no se han dejado de descubrir y redescubrir posibles soluciones, pero en ningún momento ni en ninguno de los países más avanzados se ha podido considerar plenamente atendido el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.

En España se vienen aplicando políticas desde los años cincuenta del siglo pasado con el objetivo de favorecer la construcción de viviendas e incentivar su compra y el resultado de ese modelo es un escasísimo parque público y una altísima proporción de propietarios, que durante decenios han visto como sus viviendas se revalorizaban y les “enriquecían”. La inmensa mayoría de los hogares españoles tiene en su vivienda unos importantes ahorros consolidados, con las numerosas ventajas individuales y colectivas que de ello se derivan.

Las viviendas se han convertido en una inversión muy rentable y segura y con ello se ha ido difuminando su condición de alojamiento de un hogar, que debería ser necesaria para justificar su existencia. Son el “producto estrella” del sector inmobiliario, que tiene un gran peso en la economía nacional y es generador de enormes plusvalías en el corto plazo.

Otra importante consecuencia del modelo seguido es que se ha consolidado un parque de vivienda caracterizado por una estructura de propiedad extremadamente fragmentada, con las dificultades que de ello pueden derivarse cuando se trata de implementar medidas (rehabilitación, regeneración urbana, control del uso o de los precios del alquiler…) que requieran de la participación de colectivos heterogéneos de propietarios 

Complementariamente, la opción del alquiler no ha sido apoyada por las políticas de vivienda. Desde las normativas de “renta antigua” a la ausencia de apoyos fiscales, que sí han recibido los compradores, todo ha contribuido a hacer del alquiler algo residual, considerado como una mala solución (“alquilar es tirar el dinero”).

El resultado ha sido que el modelo que arrastramos desde mediados del siglo pasado no ha servido para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que la especulación ha contribuido al encarecimiento de un bien de por sí costoso e imprescindible. El problema de la vivienda se agrava aún más cuando divergen el precio de la vivienda y la capacidad de renta de los hogares, pero un proceso tan complejo como la evolución del sistema residencial no se resuelve con objetivos puntuales y “urgentes”, (“limitar los precios en zonas tensionados”, “ayudar a la emancipación de los jóvenes” …) eludiendo el estudio profundo de las causas. Si alguien quiere de verdad hacer frente al problema tendrá que afanarse en consensuar medidas a largo plazo entre fuerzas políticas, administraciones y agentes económicos y sociales. Los cambios habrán de comenzar por el suelo, por la optimización del uso del parque actual y por el objetivo urgente, pero a largo plazo, de crear un parque suficientemente amplio de viviendas en alquiler a precios asequibles 

¿Alguien alguna vez, en algún lugar (el problema se manifiesta a nivel local), se atreverá a afrontar un cambio radical del modelo? 

¿Por qué ni el cambio de régimen político, ni la alternancia de gobiernos con distintas ideologías han producido cambios sustanciales en el modelo durante los últimos setenta años? 

Publicado en Que Alguien nos lo explique el 30 de junio de 2021

¿Por qué solo vemos los problemas de la despoblación?

 Cada comarca tiene características diferenciadoras derivadas del medio natural y de las oportunidades que ofrecen un conjunto de factores que interactúan con la dinámica de la población que lo habita así como con el modo en que se distribuyen los asentamientos humanos. Todos estos factores locales, junto con otros de carácter supralocal, como la evolución de la economía o de los hábitos sociales, y de la mano de las nuevas posibilidades que van ofreciendo los avances tecnológicos, inciden en la configuración de la redistribución espacial de la población a lo largo del tiempo.

Se está utilizando profusamente expresiones como “España vacía” y, peor aún, “España vaciada” para denunciar la situación de algunas comarcas cuando sus débiles y menguantes densidades de población no permiten alcanzar los umbrales mínimos de demanda, que se precisan para que sean viables los equipamientos y servicios necesarios para garantizar una razonable calidad de vida. Se culpa de ello al proceso de urbanización: a la “voracidad” de las grandes aglomeraciones urbanas, que absorben para sí la población de otros muchos territorios a los que “van dejando vacíos”. 

En este análisis simplista y sesgado de la realidad, se parte de un principio “poblacionista”: la pérdida de habitantes, la despoblación de cualquier territorio es algo negativo “per se”. ¿Por qué se ignora que cualquier territorio tiene valor por sí mismo? La extrema debilidad de la densidad de población, la despoblación total de un territorio, es una consecuencia de su capacidad de acogida y puede tener efectos muy positivos si se considera la valía de sus componentes naturales hoy y, especialmente, para el futuro.

¿Por qué se desprecia el valor que tienen muchos de esos territorios despoblados que apenas han sido deteriorados por la acción humana al haber quedado al margen del “desarrollo”? Lo realmente importante es que haya equilibrio entre la capacidad de acogida de un territorio y el uso que la sociedad haga de él y conservarlo en su estado natural no tiene que ser necesariamente una mala opción.

¿Por qué tampoco se valoran las oportunidades que encuentran en la ciudad los que protagonizan la despoblación?  Desde la postguerra hasta mediados de los años 70 se produjo el mayor éxodo rural vivido en todas nuestras regiones. Los millones de personas que abandonaron el medio rural para incorporarse a las ciudades han sido parte fundamental de los avances de todo tipo que se han producido desde entonces en España

¿Por qué llaman “reto demográfico” a la despoblación?

 Desde el Gobierno se describe “el reto demográfico de la despoblación” con unos cuantos porcentajes que confirman la tendencia a la concentración en las grandes áreas urbanas. El uso de indicadores demográficos ha sido tradicionalmente un recurso eficaz: los datos de población son de fácil manejo y por su aparente obviedad soportan cualquier tipo de aseveración sin requerir mayores argumentos. Pero la despoblación no es el reto, es sólo una de las consecuencias de nuestra estructura territorial. Es oportuno preguntarse qué tipo de deficiencias sociales e institucionales conducen a que se diagnostiquen procesos territoriales de una gran complejidad y larga trayectoria sólo a través de algunos de sus síntomas.

El reto será corregir los desequilibrios entre territorios. Desde que se inició la fase más dinámica del proceso de urbanización de la población española se han ido agravando los desequilibrios regionales. Los Planes de Desarrollo contribuyeron de facto a la consolidación de un modelo en el que siempre se ha antepuesto la eficiencia económica a la equidad territorial. Apaciguado el éxodo rural que se había vivido en España, a partir de los años 80 se consolidan las actitudes localistas de los poderes públicos que, ante la posibilidad de perder autonomía, se muestran refractarios a las ideas de cooperación y coordinación interterritorial. No ha existido voluntad política de acometer actuaciones de planificación territorial dirigidas al gran reto pendiente de conseguir una red de asentamientos más equilibrada, funcional y sostenible. 

¿Por qué se sigue insistiendo en el mensaje demagógico de que la despoblación es sólo la consecuencia del “abusivo” poder de atracción de las grandes ciudades? 

¿Será posible que, tras una inercia de muchos decenios, pueda revertirse la despoblación de tantos ámbitos sólo a base de despilfarrar fondos públicos? La utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas no será eficaz; habrá que mirar a largo plazo e imaginar nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías. Habrá que actuar sobre los factores de localización, esos que llevan a las personas a elegir el lugar en el que desean vivir, pero teniendo en cuenta que el reto es mejorar la estructura territorial para reducir los desequilibrios entre territorios. Después, el modo en el que la población se distribuya sobre el territorio seguirá siendo sólo una consecuencia

La población flotante es un reto que excede ampliamente lo demográfico

 El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.

Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales. 

Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil. 

La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial. 

¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? ¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable?

¿Existen soluciones para la despoblación?

 En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público y ni siquiera útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. 

Una nueva organizacióndel marco competencial sobre el territorio

 

La Constitución de 1978 estableció una nueva organización político-administrativa del territorio, descentralizando competencias en el ámbito regional y otorgando una mayor autonomía a los municipios. Quedó así consolidado un mapa de municipios y de provincias excesivamente fragmentado y se establecieron importantes desequilibrios en cuanto a la dimensión de las Comunidades Autónomas. Pero la mayor debilidad de esa organización del territorio es su escasa correspondencia con la realidad del sistema de ciudades. Estamos ante una sociedad nueva y muy dinámica, con criterios de localización residencial y hábitos de consumo diferentes. El mapa de delimitaciones y competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra a menudo en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las nuevas estadísticas de movilidad. El problema se hace evidente y exige estructuras administrativas ad hoc en los ámbitos de carácter metropolitano, que han ido surgiendo incluso en torno a las ciudades medias. Es urgente implementar formas específicas de organización territorial cuando se trata de ámbitos metropolitanos de alcance supra regional, como ocurre concretamente con Madrid. Estos desajustes se ven agravados por la ausencia de coordinación interadministrativa. Con frecuencia los gobiernos locales fijan sus estrategias con criterios de competitividad, despreciando las ventajas que aportaría la cooperación interterritorial.

ver el vídeo de la sesión

Un modelo económico sostenible para Madrid

Madrid presenta un conjunto de potencialidades que la convierten indiscutiblemente en uno de los principales centros económicos de Europa. La concentración de grandes corporaciones, combinada con una prometedora acumulación de talento, un pujante ecosistema innovador y una privilegiada posición de cabeza de puente entre Europa y Latinoamérica configuran un cuadro envidiable. Afronta las necesidades de cambio y la recuperación económica con valiosos activos, pero tiene también importantes retos que afrontar: los poderes públicos y los agentes económicos y sociales habrán de dar respuestas ágiles y acertadas a la digitalización y el cambio tecnológico por un lado y las exigencias de la emergencia climática por otro. Será preciso reconducir su estructura económica, diversificándola y adaptando su potencial desarrollo urbanístico a los objetivos de la Agenda 2030.

 ver el video

“¿Qué está pasando con el turismo? De la turistificación a la incertidumbre

 

                                         Ver el vídeo de la sesión

Hacia la economía circular y la descarbonización de nuestras ciudades

 

La evolución creciente de la generación de residuos sólidos en las ciudades es una de las cuestiones ambientales que más impacto genera en la actualidad y, sin embargo, hay un gran desconocimiento social a su alrededor, lo que sin duda dificulta su adecuada gestión. Se habla muy poco de los residuos que producimos (solo en Madrid alrededor de 400 kilogramos por habitante y año), y queda un largo camino por recorrer para avanzar en la tan coreada estrategia de las 3R -reducir, reciclar y reutilizar-. Algo similar ocurre con el aumento continuado del consumo y de la demanda energética a escala planetaria, agudizado aún más si cabe por la dependencia de combustibles fósiles. A día de hoy, únicamente una quinta parte de la energía que consumimos en el mundo se satisface con energías renovables. Sin embargo, aunque se han producido avances significativos en algunos países, entre ellos España, donde las renovables suponen casi la mitad de la potencia instalada, sería necesario avanzar en la búsqueda de un modelo energético alternativo y, sobre todo, más eficiente que el actual.

Una redistribución más sostenible de los espacios urbanos

 

Los cambios en la dinámica económica global, las nuevas tecnologías de información y comunicación, la emergencia climática, una nueva estructura sociodemográfica, la intensificación de las desigualdades … obligan a una redefinición de los espacios urbanos y de su utilización por los ciudadanos. Los inevitables cambios en las formas de movilidad, la reducción del número de vehículos privados, así como la aparición de otros “artilugios” para los desplazamientos individuales, desde la bicicleta al monopatín, exigen un nuevo reparto del viario y otros espacios públicos, especialmente los que ofrezcan comodidad y seguridad a los peatones. El teletrabajo, la generalización del comercio por internet, la opción de presencia virtual en todo tipo de actividades, entre otras oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, además de reducir las necesidades de desplazamientos, plantean la exigencia de repensar también el uso que se ha estado dando a una gran cantidad de metros cuadrados en diferentes edificaciones. Habrá que afrontar la transformación de un modelo sustentado en el crecimiento urbano por otro basado en la conservación y mejor utilización del patrimonio existente.

ver video de la sesión

Cómo mejorar los parques de vivienda y optimizar su uso

 

ver el video de la sesión

Sin sostenibilidad no habrá futuro para las ciudades

 

  XII edición del ciclo " Diálogos sobre Conflictos Urbanos"

Los Objetivos para un Desarrollo Sostenible 2030 recuerdan que las ciudades producen el 70% de las emisiones de carbono y utilizan casi dos terceras partes de los recursos. Nuestras ciudades constituyen el principal motor de la economía española y deberán jugar un papel fundamental en la recuperación económica, pero se enfrentan a la urgencia de corregir la actual incompatibilidad entre lo que aquí se entiende por desarrollo urbano y el desarrollo sostenible. Es urgente cambiar la tendencia del urbanismo expansivo y disperso y centrar la atención sobre la ciudad existente, protegiendo su valioso patrimonio cultural y recuperando todo el valor de un parque residencial que habrá de contribuir a hacer la ciudad más inclusiva, facilitando a todos el acceso a una vivienda adecuada y asequible. Las crisis sanitaria, social y económica desatadas por la Covid-19 están agravando muchos de los síntomas de los problemas de nuestras ciudades que venimos denunciando en estos cursos

-----------o----------

Programa del Ciclo

Primera Sesión: 4 de febrero de 2021, 17:00 h

MEJORAR LOS PARQUES DE VIVIENDA Y OPTIMIZAR SU USO

Felipe Iglesias (Profesor titular de Derecho Administrativo de la UAM)

Beatriz Toribio (Directora General de ASVAL, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler)

---o---

Segunda Sesión: 25 de febrero de 2021, 17:00 h

UNA REDISTRIBUCIÓN MÁS SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS URBANOS

José Luis Infanzón (D.G. del Espacio Publico, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid)

Verónica Sánchez (Arquitecta-n’UNDO)

---o---

Tercera Sesión: 11 de marzo de 2021, 17:00 h

HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA DESCARBONIZACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES

Pedro Moraleda (Experto en regulación, economía y geopolítica de la energía)

Cristina Narbona (Ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008) 

Mario Rodríguez (Director Ejecutivo de GREENPEACE, España)

---o---

Cuarta Sesión: 25 de marzo de 2021, 17:00 h

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL TURISMO? DE LA TURISTIFICACIÓN A LA INCERTIDUMBRE

Soledad Morales (Directora Académica del Master Universitario en Turismo sostenible y TIC, UOC)

Óscar Perelli (Director de Estudios e Investigación de Exceltur)

David Porras (Prof. Adj., Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Instituto Tecnológico de Costa Rica) 

---o---

Quinta Sesión: 8 de abril de 2021, 17:00 h

UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE PARA MADRID

Mónica Melle (Profesora titular de Economía Financiera de la UCM)

Rafael de Ramón (Fundador y CEO de Utopicus)

Daniel Vinuesa (Subdtor. General de Atracción de Inversión y Talento del Ayuntamiento de Madrid)

---o---

Sexta Sesión: 29 de abril de 2021, 17:00 h

UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL MARCO COMPETENCIAL SOBRE EL TERRITORIO

Antonio Argüeso (Subdirector de Estadísticas Sociodemográficas del INE)

Joan Lerma (Senador. Ex Presidente de la Generalitat Valenciana) 

---o---

Las sesiones serán moderadas por: 

Julio Vinuesa, José María de la Riva, Antonio Palacios y Carmen Hidalgo

---o---

Todas las sesiones serán on line, de acceso libre y gratuito, es necesario inscribirse reservando las "entradas" en la web de La Casa Encendida.Está prevista la participación de los asistentes en el diálogo. 

LOS ALUMNOS DE LA UAM QUE SIGAN EL CURSO PODRÁN OPTAR AL RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO ECTS. 

Para inscripción enviar correo a antonio.palacios@uam.es, indicando nombre, DNI y  Grado.