viernes, 3 de marzo de 2017
Hacia un inventario detallado de la vivienda vacía en Bilbao
En repetidas ocasiones hemos insistido en la necesidad de mejorar
la información y el análisis del uso del parque residencial y especialmente en
los espacios urbanos con mayor proporción de viviendas vacías y mayores
necesidades de alojamiento no satisfechas.
Es muy satisfactorio ver como el ayuntamiento de Bilbao, está
implicado en avanzar en esa línea, siguiendo caminos ya iniciados hace años por la
administración autonómica del País Vasco.
En este caso, se trata de crear un inventario detallado de la
vivienda vacía en Bilbao, que sirva para “identificar las viviendas gestionables
o alquilables” y extraer conclusiones sobre la política municipal a desarrollar”
Un estudio previo permitió identificar 5.453 viviendas consideradas
deshabitadas, en las que no consta empadronamiento ni consumo de agua, y otras 3.269
viviendas denominadas de “baja utilización”, pues aunque no había nadie
empadronado en ellas, registraban algún consumo de agua. Sobre una muestra de
esas viviendas, mediante trabajo de campo y con la colaboración de los vecinos,
se llegará a una clasificación lo más exhaustiva posible sobre los pisos vacíos.
Leer más sobre el tema de la vivienda vacía:
sábado, 31 de diciembre de 2016
DECLARACIÓN DE CÓRDOBA
Lamentablemente no pude asistir al “I Foro de Vivienda y Ciudad. Necesidades
habitacionales, Rehabilitación Urbana e Innovación Social” celebrado en Córdoba los días 17 y 18 de
noviembre de 2016, pero Gaia Redaelli me ha enviado el enlace que me permite leer y difundir la excelente Declaración allí aprobada.
Con sumo gusto colaboro desde aquí para difundir esta “DECLARACIÓN
DE CÓRDOBA” con la que estoy plenamente de acuerdo.
Cada vez somos más los que defendemos los principios que se proclaman con este documento. También nos sumamos a la LLAMADA “a la sociedad organizada, a sectores profesionales, de la investigación y administraciones a hacer suya esta declaración, suscribiéndola, extendiéndola y enriqueciéndola.”
Cada vez somos más los que defendemos los principios que se proclaman con este documento. También nos sumamos a la LLAMADA “a la sociedad organizada, a sectores profesionales, de la investigación y administraciones a hacer suya esta declaración, suscribiéndola, extendiéndola y enriqueciéndola.”
viernes, 25 de noviembre de 2016
La ciudad es de todos
El interesante Blog Seres Urbanos, que coordina Gemma Solés, nos ha brindado la
oportunidad de publicar una breve nota para difundir el curso “La ciudad, espacio público/interesesprivados”
Autor invitado - Julio Vinuesa Angulo
El “éxito” de las ciudades como espacios elegidos para vivir viene determinado por las oportunidades que ofrecen para alcanzar un mayor bienestar. El “derecho a la ciudad”, poder beneficiarse de las ventajas que comporta residir en ellas, es indisociable del derecho a una vivienda digna y adecuada, que solo lo será en un espacio que permita disfrutar de los bienes y servicios necesarios para satisfacer derechos básicos como la seguridad, la educación, o la sanidad. Las ciudades son el resultado del esfuerzo colectivo de las sucesivas generaciones que las han creado y les dan vida; son mucho más que una sucesión de espacios públicos y privados, aunque el creciente predominio de lo privado ponga en riesgo el derecho de todos a la ciudad.
La defensa de la propiedad privada y las garantías que sobre ella se establecen constituyen uno de los fundamentos de nuestro sistema jurídico y económico y en ciudades, como las nuestras, con elevadas proporciones de propietarios privados, con un mercado inmobiliario poco transparente y especialmente sujeto a tensiones especulativas, crecen las dificultades para que los espacios públicos, los elementos comunes, sean valorados desde la perspectiva del interés general y como garantía del derecho de todos a la ciudad.
Frente al inequívoco reconocimiento social de los derechos de los propietarios privados en el uso de su espacio urbano, encontramos más sombras que luces cuando se trata de argumentar a favor de otros principios fundamentales como “la función social de la propiedad”, la “prevalencia del interés general” o la “defensa de lo público”.
En la gestión del patrimonio público es frecuente que la potencial rentabilidad social quede relegada ante rentabilidades económicas a corto plazo. Cuando se enajenan bienes inmuebles o suelo público se suele ignorar que “su valor” para el futuro de nuestras ciudades está muy por encima de “su precio” actual. ¿Con qué criterios se decide la privatización de patrimonios públicos urbanos que tendrían que estar llamados a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.? La privatización de los parques de vivienda pública, tanto si se trata de la venta a los adjudicatarios como -aún mucho peor- si se venden a fondos de inversión, es el ejemplo más extendido y perdurable de cómo las administraciones locales han preferido aplicar tácticas cortoplacistas de financiación o de saneamiento de sus haciendas, eludiendo una estrategia a largo plazo a favor de garantizar a todos el derecho a la vivienda y a la ciudad.
Cuando no se protege adecuadamente el medio ambiente, ni los paisajes, ni los bienes culturales o elementos identitarios, generalmente se está postergando el interés general frente a intereses de propietarios privados y otras utilidades particulares: la ciudad de los propietarios a la ciudad de todos. Cuando se proponen grandes actuaciones urbanísticas de operadores privados se argumenta a favor porque se trata de una “inversión económicamente muy beneficiosa” y por ello incuestionable. No se considera en igual medida su incidencia sobre la ciudad existente como realidad y como proyecto social colectivo.
Si la irrelevancia de la “ciudad-patrimonio-común” frente a intereses individuales es un elemento cultural diferenciador de la sociedad española habría que estudiar la forma de cambiarlo, pues constituye la base sobre la que se asienta un modelo de hacer ciudad que desprecia valores tan necesarios como la equidad o la cohesión social.
miércoles, 24 de agosto de 2016
La política de vivienda es política social.
En repetidas ocasiones hemos insistido
sobre la necesidad de cambiar el carácter que tradicionalmente se le ha dado a
la política de vivienda en España. Desde la posguerra, cuando había un enorme
déficit y el país no era capaz de construir todas la viviendas necesarias, la
acción política ha estado orientada a promover su construcción. Esa política,
entonces justificada, dejó de tener sentido hace varios decenios, pero la
construcción de viviendas es el componente fundamental del negocio inmobiliario
y su dimensión social es utilizada como pretexto para justificar cualquier propuesta
de crecimiento urbano.
Hasta ahora no ha existido una auténtica política de
vivienda, centrada en satisfacer el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar
de un alojamiento digno y adecuado. El objetivo ha sido favorecer las "positivas repercusiones económicas" del negocio inmobiliario en un modelo económico
excesivamente apoyado en la construcción.
De acuerdo con la noticia publicada en INMODIARIO, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón trata de “…reformular la política de vivienda desde una visión más social…” Desde un punto de vista práctico la medida puede resultar poco relevante, tan sólo se han incorporado un total de 6 trabajadoras sociales al organigrama. Lo importante es la declaración de intenciones del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda: "es un cambio orientado a que las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón se centren en garantizar el derecho a una vivienda digna". Una afirmación que podría parecer una obviedad pero que supone la buena noticia de que en otro gobierno local se ve la necesidad de hacer una política de vivienda diferente.
domingo, 15 de mayo de 2016
Conclusiones del curso “Un nuevo paradigma para la vivienda”.
Se presentan aquí en nueve puntos algunas conclusiones del curso “Un nuevo Paradigma para la Vivienda”, celebrado en La Casa Encendida, de noviembre de 2015 a abril de 2016. Han sido elaboradas desde los planteamientos iniciales del curso y con las aportaciones de los ponentes que han participado en las seis sesiones.
Con este curso no se ha pretendido elaborar una teoría indiscutible, pero sí seguir insistiendo en la necesidad de cambiar las políticas de vivienda. Continuar los razonamientos, las reflexiones que ponen en evidencia los errores en unas prácticas que no han impedido la especulación, ni han recuperado las plusvalías generadas en beneficio de la sociedad y tampoco han aliviado el problema de la vivienda.
I.
El problema de la vivienda se manifiesta en el desajuste entre unas
acuciantes necesidades de alojamiento y una oferta extremadamente cara y
mercantilizada. De la doble dimensión económica y
social de la vivienda, en un sistema con un predominio abrumador de la vivienda
en propiedad hay una total supeditación a las reglas de un mercado fuertemente
especulativo que deja postergados principios como el de la función social de la
propiedad.
II.
La vivienda ha de entenderse como
una porción de espacio urbano, el
derecho a una vivienda digna y adecuada sólo se satisface si se complementa con
el derecho a la ciudad. Una vivienda digna y adecuada en un espacio urbano
de calidad.
III.
El problema de la vivienda
comienza y se agrava por el desarrollismo urbano sujeto a las reglas del
negocio inmobiliario y de la especulación. Hay
que regenerar el Urbanismo como acción política para propiciar un uso racional
y sostenible del territorio a partir de criterios de equidad y de cohesión
social, contrario a la especulación y en defensa del interés general.
IV.
El problema de la vivienda
requiere más y mejor conocimiento
sobre el estado del parque y su utilización y sobre la dinámica de hogares,
pero a nivel local y, siempre, desde la
perspectiva de su carácter social.
V.
Nunca ha existido auténtica política social de vivienda. Las
políticas de vivienda han estado fundamentalmente orientadas a ofrecer
facilidades financieras y fiscales para dinamizar la demanda en favor de una
producción (sectores financiero, inmobiliario y
de la construcción) que ha llegado a ser irracional por excesiva. La política de vivienda ha de desarrollarse
como servicio público en el marco del “Estado social” y al margen del mercado
de vivienda-inversión.
VI.
La desigualdad social es
más la causa que una consecuencia del problema de la vivienda. La preocupación
política y social por el problema de la vivienda se limita a paliar algunos de sus
síntomas más dramáticos, pero no se plantea combatir la causas. Las políticas
de vivienda no ocupan un lugar destacado en los programas sociales de los
partidos políticos. Interesa el stock de vivienda nueva vacía en la medida en
que constituye un problema para el sector financiero.
VII.
Es necesario disponer de una legislación específica de vivienda. Una ley que regulen el derecho subjetivo a una vivienda digna
y adecuada y las obligaciones de los poderes públicos de satisfacer ese derecho, coordinando los muchos aspectos que
confluyen (desde el planeamiento, a la regularización financiera y fiscal de la
vivienda, la función social de la propiedad, la ley hipotecaria, la ley de
propiedad horizontal…)
VIII.
Son necesarios cambios
legislativos y dedicación de los recursos públicos para crear un sistema basado
en nuevas formas de acceso y gestión de la vivienda que garantice el derecho a
una vivienda digna (como servicio público), con actuaciones como:
·
Favorecer la promoción de vivienda
para alquiler a precios asequibles
·
Puesta en uso de viviendas vacías para
alquiler asequible.
·
Primar la
rehabilitación y la regeneración del parque existente frente a la promoción
de vivienda en nuevos desarrollos.
·
Programas de ayudas personales al
alquiler.
·
Garantizar servicios de emergencia habitacional.
IX.
El cambio de modelo no se
conseguirá sin movimientos ciudadanos fuertes y decididos. Ni los agentes
económicos ni los poderes políticos van a acometer las reformas necesarias sin
una fuerte presión social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)