En repetidas ocasiones hemos insistido
sobre la necesidad de cambiar el carácter que tradicionalmente se le ha dado a
la política de vivienda en España. Desde la posguerra, cuando había un enorme
déficit y el país no era capaz de construir todas la viviendas necesarias, la
acción política ha estado orientada a promover su construcción. Esa política,
entonces justificada, dejó de tener sentido hace varios decenios, pero la
construcción de viviendas es el componente fundamental del negocio inmobiliario
y su dimensión social es utilizada como pretexto para justificar cualquier propuesta
de crecimiento urbano.
Hasta ahora no ha existido una auténtica política de
vivienda, centrada en satisfacer el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar
de un alojamiento digno y adecuado. El objetivo ha sido favorecer las "positivas repercusiones económicas" del negocio inmobiliario en un modelo económico
excesivamente apoyado en la construcción.
De acuerdo con la noticia publicada en INMODIARIO, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón trata de “…reformular la política de vivienda desde una visión más social…” Desde un punto de vista práctico la medida puede resultar poco relevante, tan sólo se han incorporado un total de 6 trabajadoras sociales al organigrama. Lo importante es la declaración de intenciones del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda: "es un cambio orientado a que las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón se centren en garantizar el derecho a una vivienda digna". Una afirmación que podría parecer una obviedad pero que supone la buena noticia de que en otro gobierno local se ve la necesidad de hacer una política de vivienda diferente.
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