viernes, 3 de marzo de 2017

El Ayuntamiento de Madrid ya no venderá las viviendas públicas.



En la presentación del Plan Plan Municipal de Vivienda Nueva 2016-2019, se afirma que "Tanto las viviendas con las que cuenta la EMVS en su patrimonio, como las 4.000 que se construirán serán destinadas única y exclusivamente a alquiler y en ningún caso a la venta".

Se señala que la venta ha quedado "eliminada  con la llegada del nuevo Gobierno municipal para preservar el patrimonio, gravemente mermado por la venta a los fondos de inversión en la anterior legislatura".

Siempre hemos defendido la no venta de patrimonio público, especialmente de las viviendas. No voy a valorar aquí la venta a fondos de inversión, pero sí convendría reflexionar sobre las similitudes profundas con lo que sistemáticamente se ha venido haciendo con la vivienda pública o construida con fondos públicos. 

Hace tiempo que venimos proponiendo  un cambio de modelo que “saque” a la vivienda protegida del mercado.
"Es preciso sacar la vivienda social del mercado inmobiliario  
No es razonable, que una ayuda pública supuestamente dirigida a dar satisfacción al derecho de universal a disfrutar de una vivienda, se convierta en la práctica en la enajenación de patrimonio público y en la trasferencia de plusvalías hacia manos privadas en el ámbito del mercado. El uso y la valoración actual en el mercado de las viviendas construidas con ayudas públicas en los últimos cincuenta años invita a reflexionar sobre la magnitud y el destino de las plusvalías producidas y la validez del modelo de venta. Muy distinto sería el panorama actual si al menos una parte sustancial de esas viviendas, en lugar de haber sido vendidas, estuviesen integradas en patrimonios públicos de vivienda en alquiler, o sólo hubiesen sido cedidas en derecho de superficie, o si, al menos, se hubiese ejercido un control eficaz sobre las trasmisiones posteriores.  
Hay que terminar con la confusión de que la única vía para satisfacer las necesidades de alojamiento es la compra de una vivienda y corregir la incongruencia que supone que la venta de una vivienda protegida de lugar, de forma sistemática, a la apropiación privada de las plusvalías generadas con el esfuerzo público. Debería establecerse como objetivo la no enajenación de viviendas construidas con algún tipo de ayuda pública y, de forma transitoria, controlar los procesos de descalificación alargando progresivamente los plazos."  Vinuesa,J; de la Riva, JM. y Palacios, A. (2009) "Políticas de vivienda y urbanismo" Ciudad y Territorio : Estudios Territoriales. nº 161-162, p. 505-520
La proporción de viviendas protegidas en alquiler sigue siendo puramente testimonial, todavía son solo una solución de emergencia para casos extremos. Hasta que la oferta de vivienda en alquiler no alcance proporciones similares a las de otros países europeos y sea capaz de atender las diversas necesidades de alojamiento  en todas las zonas de la ciudad, la sociedad seguirá sufriendo grandes dificultades para satisfacer el derecho a un alojamiento digno y adecuado, imposible en un mercado inmobiliario de compra-venta caracterizado por una especulación irreductible.  

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid compra casas vacías


La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS)  también apuesta por actuar sobre las vivienda vacía.  para incrementar el patrimonio de Madrid destinado a alquiler social







Se trata de una actuación más decidida y directa que aquellas que tratan de localizar las viviendas vacías y ayudar a los propietarios para que se decidan a ponerlas en alquiler, pero la mayor exigencia presupuestaria de este modelo limitará su dimensión.

La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial



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Hacia un inventario detallado de la vivienda vacía en Bilbao


En repetidas ocasiones hemos insistido en la necesidad de mejorar la información y el análisis del uso del parque residencial y especialmente en los espacios urbanos con mayor proporción de viviendas vacías y mayores necesidades de alojamiento no satisfechas.
Es muy satisfactorio ver como el ayuntamiento de Bilbao, está implicado en avanzar en esa línea, siguiendo  caminos ya iniciados hace años por la administración autonómica del País Vasco.
En este caso, se trata de crear un inventario detallado de la vivienda vacía en Bilbao, que sirva para “identificar las viviendas gestionables o alquilables” y extraer conclusiones sobre la política municipal a desarrollar”
Un estudio previo permitió identificar 5.453 viviendas consideradas deshabitadas, en las que no consta empadronamiento ni consumo de agua, y otras 3.269 viviendas denominadas de “baja utilización”, pues aunque no había nadie empadronado en ellas, registraban algún consumo de agua. Sobre una muestra de esas viviendas, mediante trabajo de campo y con la colaboración de los vecinos, se llegará a una clasificación lo más exhaustiva posible sobre los pisos vacíos.

Leer más sobre el tema de la vivienda vacía:



sábado, 31 de diciembre de 2016

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA



Lamentablemente no pude asistir al I Foro de Vivienda y Ciudad. Necesidades habitacionales, Rehabilitación Urbana e Innovación Social celebrado en Córdoba los días 17 y 18 de noviembre de 2016, pero Gaia Redaelli  me ha enviado el enlace que me permite  leer y difundir  la excelente Declaración allí aprobada.





Con sumo gusto colaboro desde aquí para difundir esta “DECLARACIÓN DE CÓRDOBA” con la que estoy plenamente de acuerdo.

Cada vez somos más los que defendemos los principios que se proclaman con este documento. También nos sumamos a la LLAMADA “a la sociedad organizada, a sectores profesionales, de la investigación y administraciones a hacer suya esta declaración, suscribiéndola, extendiéndola y enriqueciéndola.”


viernes, 25 de noviembre de 2016

La ciudad es de todos


El interesante  Blog  Seres Urbanos,  que coordina Gemma Solés, nos ha brindado la oportunidad de publicar una breve nota para difundir el curso “La ciudad, espacio público/interesesprivados”


Autor invitado - Julio Vinuesa Angulo


El “éxito” de las ciudades como espacios elegidos para vivir viene determinado por las oportunidades que ofrecen para alcanzar un mayor bienestar. El “derecho a la ciudad”, poder beneficiarse de las ventajas que comporta residir en ellas, es indisociable del derecho a una vivienda digna y adecuada, que solo lo será en un espacio que permita disfrutar de los bienes y servicios necesarios para satisfacer derechos básicos como la seguridad, la educación, o la sanidad.  Las ciudades son el resultado del esfuerzo colectivo de las sucesivas generaciones que las han creado y les dan vida; son mucho más que una sucesión de espacios públicos y privados, aunque el creciente predominio de lo privado ponga en riesgo el derecho de todos a la ciudad.

La defensa de la propiedad privada y las garantías que sobre ella se establecen constituyen uno de los fundamentos de nuestro sistema jurídico y económico y en ciudades, como las nuestras, con elevadas proporciones de propietarios privados, con un mercado inmobiliario poco transparente y especialmente sujeto a tensiones especulativas, crecen las dificultades para que los espacios públicos, los elementos comunes, sean valorados desde la perspectiva del interés general y como garantía del derecho de todos a la ciudad. 

Frente al inequívoco reconocimiento social de los derechos de los propietarios privados en el uso de su espacio urbano, encontramos más sombras que luces cuando se trata de argumentar a favor de otros principios fundamentales como “la función social de la propiedad”, la “prevalencia del interés general” o la “defensa de lo público”.  

En la gestión del patrimonio público es frecuente que la potencial rentabilidad social quede relegada ante rentabilidades económicas a corto plazo. Cuando se enajenan bienes inmuebles o suelo público se suele ignorar que “su valor” para el futuro de nuestras ciudades está muy por encima de “su precio” actual. ¿Con qué criterios se decide la privatización de patrimonios públicos urbanos que tendrían que estar llamados a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.? La privatización de los parques de vivienda pública, tanto si se trata de la venta a los adjudicatarios como -aún mucho peor- si se venden a fondos de inversión, es el ejemplo más extendido y perdurable de cómo las administraciones locales han preferido aplicar tácticas cortoplacistas de financiación o de saneamiento de sus haciendas, eludiendo una estrategia a largo plazo a favor de garantizar a todos el derecho a la vivienda y a la ciudad. 

Cuando no se protege adecuadamente el medio ambiente, ni los paisajes, ni los bienes culturales o elementos identitarios, generalmente se está postergando el interés general frente a intereses de propietarios privados y otras utilidades particulares: la ciudad de los propietarios a la ciudad de todos. Cuando se proponen grandes actuaciones urbanísticas de operadores privados se argumenta a favor porque se trata de una “inversión económicamente muy beneficiosa” y por ello incuestionable. No se considera en igual medida su incidencia sobre la ciudad existente como realidad y como proyecto social colectivo. 

Si la irrelevancia de la “ciudad-patrimonio-común” frente a intereses individuales es un elemento cultural diferenciador de la sociedad española habría que estudiar la forma de cambiarlo, pues constituye la base sobre la que se asienta un modelo de hacer ciudad que desprecia valores tan necesarios como la equidad o la cohesión social.