El Ayuntamiento de Madrid ya no venderá las viviendas públicas.

En la presentación del Plan Plan Municipal de Vivienda Nueva 2016-2019, se afirma que "Tanto las viviendas con las que cuenta la EMVS en su patrimonio, como las 4.000 que se construirán serán destinadas única y exclusivamente a alquiler y en ningún caso a la venta".

Se señala que la venta ha quedado "eliminada  con la llegada del nuevo Gobierno municipal para preservar el patrimonio, gravemente mermado por la venta a los fondos de inversión en la anterior legislatura".

Siempre hemos defendido la no venta de patrimonio público, especialmente de las viviendas. No voy a valorar aquí la venta a fondos de inversión, pero sí convendría reflexionar sobre las similitudes profundas con lo que sistemáticamente se ha venido haciendo con la vivienda pública o construida con fondos públicos. 

Hace tiempo que venimos proponiendo  un cambio de modelo que “saque” a la vivienda protegida del mercado.

"Es preciso sacar la vivienda social del mercado inmobiliario  

No es razonable, que una ayuda pública supuestamente dirigida a dar satisfacción al derecho de universal a disfrutar de una vivienda, se convierta en la práctica en la enajenación de patrimonio público y en la trasferencia de plusvalías hacia manos privadas en el ámbito del mercado. El uso y la valoración actual en el mercado de las viviendas construidas con ayudas públicas en los últimos cincuenta años invita a reflexionar sobre la magnitud y el destino de las plusvalías producidas y la validez del modelo de venta. Muy distinto sería el panorama actual si al menos una parte sustancial de esas viviendas, en lugar de haber sido vendidas, estuviesen integradas en patrimonios públicos de vivienda en alquiler, o sólo hubiesen sido cedidas en derecho de superficie, o si, al menos, se hubiese ejercido un control eficaz sobre las trasmisiones posteriores.  

Hay que terminar con la confusión de que la única vía para satisfacer las necesidades de alojamiento es la compra de una vivienda y corregir la incongruencia que supone que la venta de una vivienda protegida de lugar, de forma sistemática, a la apropiación privada de las plusvalías generadas con el esfuerzo público. Debería establecerse como objetivo la no enajenación de viviendas construidas con algún tipo de ayuda pública y, de forma transitoria, controlar los procesos de descalificación alargando progresivamente los plazos."  Vinuesa,J; de la Riva, JM. y Palacios, A. (2009) "Políticas de vivienda y urbanismo" Ciudad y Territorio : Estudios Territoriales. nº 161-162, p. 505-520

La proporción de viviendas protegidas en alquiler sigue siendo puramente testimonial, todavía son solo una solución de emergencia para casos extremos. Hasta que la oferta de vivienda en alquiler no alcance proporciones similares a las de otros países europeos y sea capaz de atender las diversas necesidades de alojamiento  en todas las zonas de la ciudad, la sociedad seguirá sufriendo grandes dificultades para satisfacer el derecho a un alojamiento digno y adecuado, imposible en un mercado inmobiliario de compra-venta caracterizado por una especulación irreductible.