(publicada en territoriosostenible2011)
En Marzo de 2013 el Defensor del Pueblo presentó un Estudio sobre Viviendas Protegidas Vacías en el
que entre otras recomendaciones planteaba la necesidad de que el Ministerio de
Fomento creara un Registro Estatal de Vivienda Protegida.
En una Nota de Prensa la Oficina del Defensor del Pueblo comunicaba el pasado día 13
de diciembre que el Ministerio de Fomento acepta la recomendación del Defensor
del Pueblo para crear una base de datos, con información que habrán de
suministrar las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras fuentes, con datos
desagregados según los tipos de viviendas de protección oficial, tipo de
promotor, régimen de cesión: alquiler o venta, si están o no ocupadas y, en su
caso, las causas de la desocupación.
Se dice en el informe que se ha de revisar
el modelo de viviendas protegidas e introducir modificaciones tendentes a
evitar la existencia de viviendas desocupadas y financiadas, total o
parcialmente, por Ayuntamientos o Comunidades Autónomas.
Venimos denunciando desde hace años el
déficit de información y de conocimiento existente sobre el parque de vivienda
y proponiendo la creación de un registro continuo de las viviendas con algún
tipo de protección y financiación pública.
En el libro de J. Vinuesa, J.M. de la
Riva y A. Palacio, “El fenómeno de la vivienda desocupada”, editado en 2008 a partir de un informe solicitado por el Ministerio de
Vivienda, destacábamos, entre otras, las siguientes propuestas para mejorar el
conocimiento del parque de viviendas con algún tipo de protección.
Hay que establecer un Programa con objeto de crear a nivel estatal un
registro continuo de las viviendas existentes según sus características y el
uso que de ellas se hace que, además de permitir conocer con precisión el
parque, facilite la base informativa necesaria para poder plantear encuestas
periódicas específicas
Todas las entidades responsables de patrimonio de viviendas
con algún tipo de protección deberían hacer pública anualmente una memoria
reglada y normalizada con información detallada sobre las características del parque
y de su utilización.
Las Administraciones Públicas deberían ejercer un control
periódico, obligado por ley, sobre la utilización de las viviendas que se han
beneficiado de algún tipo de protección. Estas viviendas deberían quedar
incorporadas a un registro estatal
permanentemente actualizado y público. Las Administraciones Autonómicas
deben mantener actualizados registros de solicitantes y adjudicatarios de
viviendas protegidas por clases.
Es absolutamente inaceptable que las
administraciones públicas no conozcan y no pongan a disposición de cualquier
ciudadano información puntual sobre la viviendas construidas con algún tipo de
ayuda pública. El disponer de la información que ahora se promete es una
exigencia para que las administraciones ejerzan con responsabilidad y eficacia
el necesario control sobre el uso que se les está dando a esas viviendas, para
mejorar las políticas de vivienda y erradicar el tradicional fraude existente.
Confiemos en que esta vez haya la voluntad política necesaria para culminar con
éxito un objetivo no sólo de eficiencia en el uso de los recursos públicos sino
también para atender una injustificable deuda de transparencia con el conjunto
de la sociedad.
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