Distintos medios han publicado una noticia sobre las vicisitudes financieras de Sacyr y Vallehermoso a cuenta de sus estrategias de promoción inmobiliaria en connivencia con el Ayuntamiento de Navalcarnero y con el visto bueno del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Obviamente no es por el dramático sesgo económico financiero de este asunto por lo que traemos aquí esta cuestión. Nos parece relevante porque es un ejemplo importante, pero sólo un ejemplo más, de la “corrupción del planeamiento urbanístico” que se ha venido practicando en la Comunidad de Madrid, muy especialmente desde mediados de los 90, siguiendo el nefasto modelo desarrollista de los PAU´s y del Plan General de Madrid de 1997. Llamamos “corrupción del urbanismo” -mucho más grave que la corrupción urbanística-, el amparo que ha dado el planeamiento urbanístico a propuestas de desarrollos residenciales absolutamente indefendibles desde unos planteamientos mínimamente basados en la racionalidad territorial y económica.
Las 30.000 viviendas “imaginadas” para Navalcarnero, se pueden calificar de estupidez, pero dejan detrás enormes plusvalías y un fuerte lastre de derechos adquiridos que comprometen gravísimamente el futuro urbanístico de ese municipio. Si sumamos los otros muchos caso similares a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, el objetivo de conseguir un desarrollo territorial racional y sostenible para la región metropolitana se presenta realmente difícil.
Serán necesarios muchos y muy sustanciales cambios en la voluntad política, en la legislación y en la organización político administrativa para reconducir la irracionalidad territorial que ha producido un modelo de desarrollo urbano que, a pesar de la evidencia de sus terribles consecuencias, no acaba de ser proscrito por la sociedad.
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