(publicado en territoriosostenible2011)
Los profesores del
Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna Víctor Jerez, Pedro
Martín y Ramón Pérez, han publicado recientemente, un artículo titulado "Aproximación a unageografía de la corrupción urbanística en España".
Los autores han “medido y analizado algunas de las características principales
de la corrupción urbanística municipal en España” a través de noticias
aparecidas en la prensa digital entre 2000 y 2008 dando cuenta de 676 “… casos
de corrupción o de irregularidades urbanísticas denunciadas por todo tipo de
agentes sociales…”
Venimos defendiendo que los problemas
derivados de la acción urbanística no son sólo, ni fundamentalmente,
consecuencia de acciones punibles que acaban en manos de la Guardia Civil, de la
Fiscalía Anticorrupción y de los Tribunales de Justicia, a veces entre
protestas y muestras de desagrado de los vecinos que no entienden el porqué del
castigo a los infractores. La principal causa de los problemas urbanísticos que
padecemos es la corrupción del urbanismo
(ver el artículo de F. Gaja ¿Corrupciónurbanística o corrupción del urbanismo?), que, sin necesidad
de infringir la legalidad, ha hecho que el planeamiento urbanístico haya dejado
de ser una garantía de racionalidad territorial y de defensa del interés
general para convertirse en un instrumento al servicio de intereses económicos
concretos.
A lo largo del tiempo, y muy especialmente en
los últimos quinquenios, los mayores disparates en las propuestas de
crecimiento urbano y ordenación territorial están perfectamente acomodados a la
ley y han sido “bendecidos” por el
planeamiento. No se trata de pequeñas o grandes “golferías” de agentes locales
y concejales corruptos. Estamos ante una perversión del sistema, ante la
pasividad de una sociedad que no parece ser consciente de que el territorio es
un bien necesario, con valor por sí mismo, limitado y no siempre recuperable,
que debe ser utilizado con criterios de racionalidad y que garanticen un
desarrollo sostenible. El afán por exprimir todas las plusvalías,
construyéndolo todo, no es exclusivo de los que se saltan la ley. Está
instalado en todas las administraciones y en el conjunto de la sociedad. No hay
más que ver las propuestas de crecimiento de los Planes Generales aprobados por
todas y cada una de las diferentes instancias, cualquiera que sea el grupo
político que las gobierne.(*)
Como en cualquier otro ámbito de la vida
social, de los que infringen la ley ha de encargarse la justicia, pero la
responsabilidad de devolver al planeamiento urbanístico su función de velar por
un uso racional y sostenible del territorio, por la equidad y la eficiencia
económica, por la prevalencia de los intereses colectivos sobre los
individuales, corresponde a toda la sociedad, pero muy especialmente a los profesionales
del urbanismo y a quienes desde la Academia están obligados a analizar la
realidad urbanística y a crear y difundir conocimiento en beneficio del interés
general.
