¿MIEDO A LA INFORMACIÓN? LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA NO SE RESOLVERÁN SIN CONOCIMIENTO

Los millones de datos existentes en los muchos registros administrativos permitirían crear la información y conocimiento necesarios para mejorar rápida y ostensiblemente la gestión pública, haciéndola más eficiente. Con los registros existente y la capacidad de las nuevas tecnologías, ninguna administración debería tener impedimentos técnicos ni económicos para hacerlo, pero, salvo en puntuales y honrosas excepciones, no lo hacen. 

Un caso palmario es la carencia de información sobre el parque residencial y las necesidades de vivienda. Por ejemplo, tras muchos años en los que las estadísticas de precios eran únicamente producidas y difundidas por entidades privadas, no exentas de intereses en el mercado, en junio de 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) hizo público un índice de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, una herramienta que pretende ofrecer información anual fiable y contrastada, que sirva de referencia para conocer la situación y la evolución del mercado del alquiler residencial. Se trata también de crear un instrumento útil para delimitar ámbitos concretos de intervención con objeto de facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles. Pero los datos se publican con un desfase de dos años y la primera actualización se ha producido, con retraso, en marzo de 2022. Sin entrar en otras debilidades técnicas, el desfase de 24 meses deja prácticamente sin utilidad esa pretendida “referencia” para un mercado tan dinámico y coyuntural como suele ser el del alquiler de viviendas.

Es solo un ejemplo, pero pone de manifiesto que, disponiendo de los medios, las administraciones no los emplean para facilitar información y generar el conocimiento necesario sobre las causas que más directamente inciden en el agravamiento de un problema estructural tan relevante como el de la vivienda. 

Habría que preguntarse por los motivos del desinterés por elaborar información que, adecuadamente analizada, permita generar conocimiento y hacer diagnósticos acertados del problema, pasos previos necesarios para que las soluciones a aplicar sean eficaces. Al no deberse a la carencia de medios, podría achacarse a la ausencia de voluntad política, inducida por la propia ignorancia, pero quizás será más acertado considerar que se trata de una estrategia premeditada para ocultar la realidad. 

La información y el conocimiento puestos a disposición de los ciudadanos limitarían las arbitrariedades en la actuación de los poderes públicos. Pero, como ocurre en el caso del problema de la vivienda, la ausencia de transparencia permite que las causas queden ocultas por el ruido mediático provocado sobre uno de sus síntomas: el encarecimiento del alquiler. La discusión sobre las medidas coyunturales a adoptar para una hipotética regulación de los precios, deja fuera de foco las verdaderas causas del problema: el suelo, el modelo de desarrollo urbano, la inexistencia de un parque público de viviendas en alquiler con precios asequibles... 

Es “incómodo” para los gobernantes, desde alcaldes a ministros, sacar a la luz, en toda su extensión y profundidad, la auténtica naturaleza y el alcance de los problemas. Obtener y difundir conocimiento sobre la habitabilidad y el uso del parque residencial obligaría en muchos casos a tomar medidas muy costosas, arduas e, incluso, poco populares, pero que son imprescindibles para combatir con eficacia las dificultades de amplias capas de la sociedad, especialmente los jóvenes, para disponer de una vivienda digna y adecuada. 

¿Sería suficiente mejorar el conocimiento de las causas del problema de la vivienda para que cese la inútil política de “parches” que se viene aplicando durante decenios? Seguramente, no, pero, sin duda, es un paso imprescindible.

Programa del XIII Curso Diálogos sobre Conflictos Urbanos en La Casa Encendida.

 Algunas reflexiones sobre los cambios de rumbo que necesitan nuestras ciudades

Del 9 de febrero al 16 de marzo 2022

I

¿Hasta cuándo nos va a sorprender la evolución demográfica?

 A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 

Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio.

La dinámica demográfica no es la causa, es la consecuencia.

 

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. 

Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

• Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones.

• Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  

• Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  

• Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios.

OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

 Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 

Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema?

¿Cómo y dónde estará el trabajo?

  La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia” de la vivienda. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas. ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? 

¿SERÁ EFICAZ BAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES POR DECRETO?

 

En algunas zonas urbanas de las regiones más dinámicas el mayor problema con la vivienda se manifiesta claramente en el desequilibrio entre sus precios y la capacidad de renta de los hogares que la necesitan. La escasez absoluta de viviendas ya no suele ser un problema, pero sí lo puede ser la no adecuación en razón de su localización, por deficiencias de habitabilidad o por otras características físicas y, siempre, porque el precio de las viviendas las haga inasequibles para amplias capas de la sociedad.

En los últimos tiempos la preocupación se centra sólo en los precios del alquiler. Su elevación es, en parte, consecuencia del crecimiento que ha experimentado la demanda, que en buena parte se debe al hecho de que la compra de una vivienda, que no hace muchos años era un hecho asociado a la emancipación, se ha convertido en algo inalcanzable para la inmensa mayoría de los hogares de jóvenes.

Cuando se propone como solución regular por ley los precios del alquiler en unas denominadas “zonas tensionadas” habría que comenzar por preguntar: ¿con qué criterios técnicos se definirían y se delimitarían esas zonas?

Según parece, lo que se pretende es atender la necesidad de los residentes de esas zonas que no pueden acceder a una oferta inasequible para ellos, regulando los precios a la baja, pero en este caso también hay que preguntarse si esos teóricos “nuevos alquileres más baratos” podrán atraer a demandantes de otras zonas más caras y que, con el precio topado, los arrendadores optarán por la mayor seguridad de los demandantes con unas rentas más elevadas. ¿Se ha pensado en los diferentes efectos segregadores que tendría poner otras “fronteras” al mercado de vivienda?

Al margen de otras muchas consideraciones que se puedan hacer en torno a las respuestas del mercado, habrá que explicar también cómo se justifica técnica y jurídicamente la determinación indiscriminada de los precios máximos autorizados por m2 para el parque residencial de la “zona”, cuando normalmente serán muy heterogéneo, por sus calidades y características y por sus diferentes precios en el mercado libre de compra venta.

Como ejemplo de las dificultades técnicas:  El MITMA creó en 2020 un Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, con datos de 2018, que podría ser un buen comienzo para llegar a conocer, con el rigor y el detalle necesarios, la evolución de los precios, pero, hasta hoy, además de sus limitaciones y del desfase temporal con que nacieron, no han vuelto a ser actualizados.

Quienes proponen este tipo de medidas también deberían explicar cómo solventar el agravio comparativo que supone que la norma fije distintos derechos de los arrendadores a uno y otro lado de los límites administrativamente establecidos: ¿habría distintas regulaciones para los alquileres en una y otra acera de la misma calle? 

Por último, continuando con aspectos de carácter operativo, debería explicarse ¿cómo van a controlar las administraciones locales el acuerdo privado del precio del alquiler entre dos particulares? Mientras no mejore la información y la capacidad de inspección de las administraciones para controlar las rentas percibidas por los propietarios de viviendas en alquiler: aún existe un fraude del 40%. ¿Cómo se van a evitar las numerosas prácticas que surgirían para burlar la norma? Todo parece indicar que la intervención de los precios, allí done se intente, no sería más que otro “parche”, ineficaz, si no contraproducente, para aliviar el problema de la vivienda. Es evidente que el problema es complejo y exige soluciones complejas que vayan a las causas que lo producen.

Publicado en Que Alguien nos lo explique el 28 de agosto de 2021