El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado un Boletín Especial de Vivienda Social, con el propósito de ofrecer un “análisis de los principales datos acerca de la vivienda social en España”. Cabe esperar que sea el inicio de una tarea que incomprensiblemente no ha se ha realizado en los setenta años de actuaciones de vivienda de promoción y de protección pública, máxime cuando como se señala en la presentación del Boletín se trata de una información “clave para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada”.
En numerosas ocasiones hemos reclamado información detallada y permanentemente actualizada sobre las características y el uso de todas las viviendas, especialmente las que han sido construidas con ayudas públicas. Confiemos en que esta iniciativa del Observatorio de Vivienda tenga continuidad y culmine con un sistema de información propio de la tecnología actual y capaz de dar la respuesta adecuada a la necesidad de conocimiento sobre el sistema residencial.
El Boletín contiene datos obtenidos mediante un cuestionario enviado a las administraciones autonómicas, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y otras entidades locales, con objeto, entre otros, de recabar información sobre la situación y características del parque de vivienda social, que asciende a unas 290.000 de “titularidad pública, destinadas al alquiler social o de renta limitada”. 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y las otras 110.000 pertenecen a los ayuntamientos y entidades dependientes. Esas 290.000 viviendas suponen en 2019 oferta de alojamiento para el 1,55% de los hogares residentes en España.
El primer capítulo se dedica la actividad de promoción de vivienda protegida en España desde 1980:
