Se presentan aquí en nueve puntos algunas conclusiones del curso “Un nuevo Paradigma para la Vivienda”, celebrado en La Casa Encendida, de noviembre de 2015 a abril de 2016. Han sido elaboradas desde los planteamientos iniciales del curso y con las aportaciones de los ponentes que han participado en las seis sesiones.
Con este curso no se ha pretendido elaborar una teoría indiscutible, pero sí seguir insistiendo en la necesidad de cambiar las políticas de vivienda. Continuar los razonamientos, las reflexiones que ponen en evidencia los errores en unas prácticas que no han impedido la especulación, ni han recuperado las plusvalías generadas en beneficio de la sociedad y tampoco han aliviado el problema de la vivienda.
I.
El problema de la vivienda se manifiesta en el desajuste entre unas
acuciantes necesidades de alojamiento y una oferta extremadamente cara y
mercantilizada. De la doble dimensión económica y
social de la vivienda, en un sistema con un predominio abrumador de la vivienda
en propiedad hay una total supeditación a las reglas de un mercado fuertemente
especulativo que deja postergados principios como el de la función social de la
propiedad.
II.
La vivienda ha de entenderse como
una porción de espacio urbano, el
derecho a una vivienda digna y adecuada sólo se satisface si se complementa con
el derecho a la ciudad. Una vivienda digna y adecuada en un espacio urbano
de calidad.
III.
El problema de la vivienda
comienza y se agrava por el desarrollismo urbano sujeto a las reglas del
negocio inmobiliario y de la especulación. Hay
que regenerar el Urbanismo como acción política para propiciar un uso racional
y sostenible del territorio a partir de criterios de equidad y de cohesión
social, contrario a la especulación y en defensa del interés general.
IV.
El problema de la vivienda
requiere más y mejor conocimiento
sobre el estado del parque y su utilización y sobre la dinámica de hogares,
pero a nivel local y, siempre, desde la
perspectiva de su carácter social.
V.
Nunca ha existido auténtica política social de vivienda. Las
políticas de vivienda han estado fundamentalmente orientadas a ofrecer
facilidades financieras y fiscales para dinamizar la demanda en favor de una
producción (sectores financiero, inmobiliario y
de la construcción) que ha llegado a ser irracional por excesiva. La política de vivienda ha de desarrollarse
como servicio público en el marco del “Estado social” y al margen del mercado
de vivienda-inversión.
VI.
La desigualdad social es
más la causa que una consecuencia del problema de la vivienda. La preocupación
política y social por el problema de la vivienda se limita a paliar algunos de sus
síntomas más dramáticos, pero no se plantea combatir la causas. Las políticas
de vivienda no ocupan un lugar destacado en los programas sociales de los
partidos políticos. Interesa el stock de vivienda nueva vacía en la medida en
que constituye un problema para el sector financiero.
VII.
Es necesario disponer de una legislación específica de vivienda. Una ley que regulen el derecho subjetivo a una vivienda digna
y adecuada y las obligaciones de los poderes públicos de satisfacer ese derecho, coordinando los muchos aspectos que
confluyen (desde el planeamiento, a la regularización financiera y fiscal de la
vivienda, la función social de la propiedad, la ley hipotecaria, la ley de
propiedad horizontal…)
VIII.
Son necesarios cambios
legislativos y dedicación de los recursos públicos para crear un sistema basado
en nuevas formas de acceso y gestión de la vivienda que garantice el derecho a
una vivienda digna (como servicio público), con actuaciones como:
·
Favorecer la promoción de vivienda
para alquiler a precios asequibles
·
Puesta en uso de viviendas vacías para
alquiler asequible.
·
Primar la
rehabilitación y la regeneración del parque existente frente a la promoción
de vivienda en nuevos desarrollos.
·
Programas de ayudas personales al
alquiler.
·
Garantizar servicios de emergencia habitacional.
IX.
El cambio de modelo no se
conseguirá sin movimientos ciudadanos fuertes y decididos. Ni los agentes
económicos ni los poderes políticos van a acometer las reformas necesarias sin
una fuerte presión social.