martes, 16 de febrero de 2016

Deficiente información sobre los bienes inventariables del Estado. ¿Para cuando la “transparencia”?


En un post que publiqué en TRyS  en 2013 confiaba en que la Ley de Transparencia, entonces en tramitación, pudiera suponer un paso definitivo para conocer el patrimonio inmobiliario de las administraciones y muy especialmente el número de viviendas de titularidad pública y el uso que se les esté dando en cada momento.

El pasado mes de enero el Tribunal de Cuentas ha emitido su “Informe de fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración del Estado”  en el que, junto con otras muchas deficiencias de la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI), denuncia que:

“Se ha observado la existencia de dos grupos de bienes cuya gestión y control corresponde al Ministerio de Fomento que no están inventariados:

− Viviendas de la DGAVS (antigua DGVAU). Este órgano no dispone de un inventario de los bienes cuya gestión y administración tiene atribuidas según la disposición adicional decimonovena de la LPAP (en términos generales, viviendas del extinguido Instituto para la Promoción de la Vivienda), lo que repercute tanto en la información que sobre ellas debería reflejarse en CIBI como en los saldos del Inmovilizado material de la AGE.

Esta falta de inventario se debe a que la DGAVS desconoce la totalidad de las viviendas de titularidad pública cuya gestión le corresponde, encontrándose en un proceso de obtención y depuración de la información que sobre viviendas de titularidad de la AGE existe en los diversos Registros de la Propiedad. Este proceso no está siendo coordinado con la DGPE, como órgano responsable de la gestión de CIBI.”

Dos años después de la aprobación de la Ley de Transparencia y a pesar de los requerimientos que, en relación con los patrimonios públicos de vivienda, han hecho las Oficinas de los Defensores del Pueblo a las Comunidades Autónomas, sigue siendo necesario reclamar el derecho a conocer el patrimonio público, costeado por todos los ciudadanos, y, en el caso de las viviendas, exigir especialmente una más eficiente utilización de un recurso público especialmente necesario en momentos como el actual, con graves urgencias sociales.

Hay que volver a recordar que el déficit de información no es consecuencia de la falta de medios o de hipotéticas dificultades técnicas. Es, sencillamente, un problema de voluntad política.

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