Si nos atenemos a los enunciados de los planes y programas de diferentes Administraciones, parece
que se va imponiendo la idea de que se debe abandonar el antiguo modelo de política de apoyo a la construcción de nueva vivienda.
Tras el periodo de Gobierno en funciones, en noviembre de 2016 el Ministerio de Fomento
decidió prorrogar el Plan de Vivienda ante la
imposibilidad, por razonas de tiempo y políticas, de tramitar el que
correspondería al cuatrienio 2017-2020.
En la denominación del Plan 2013-2016, actualmente prorrogado, no aparece ninguna referencia a la construcción de nuevas viviendas: “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación
Urbanas”.
Antes de que se prorrogase el Plan, el Grupo Popular en el Congreso registró (25 de octubre de 2016) en la Comisión de Fomento
una Proposición no de Ley en la que tras recordar la necesidad de aprobar “un
nuevo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020, que articule nuevas ayudas a la
vivienda, adecuado a la realidad actual”, se definen, entre otras las
siguientes líneas de actuación:
1.
Potenciar las ayudas al alquiler de vivienda, para facilitar el acceso
rápido al disfrute de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas con
dificultades económicas.
2.
Potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada
disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, Empresas Publicas,
Entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda, pueda ser ocupada por
sectores de población más vulnerable.
Reconociendo que puedan estar definiéndose más acertadamente los objetivos de la política de vivienda, considerando la influencia que sobre ello puedan estar teniendo coyunturalmente los efectos de la burbuja, hay que seguir preguntando: ¿hasta cuándo va a seguir
siendo "la vivienda" una competencia
del Ministerio de Fomento -de marcado carácter económico- en lugar de estar encuadrada en el ámbito de las políticas sociales? El problema
de la vivienda en España no es desde hace muchos años una consecuencia de la
escasez de oferta que obligue a fomentar la construcción. El
problema es de naturaleza social y la solución no son más ladrillos sino otras
políticas de ayuda a las personas. El
problema está en un mercado excesivamente circunscrito a la compra,
excesivamente caro y poco flexible, en el que la venta de viviendas, con fuertes
repercusiones del precio del suelo (especulación), es el principal motor del
negocio urbanístico.
La acción pública sobre la vivienda, para garantizar el derecho de todos a
un alojamiento digno y adecuado, deberá gestionarse con los agentes sociales y
no con los operadores inmobiliario.
